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Tótem contra los derechos de las mujeres Imprimir E-mail
Sábado, 24 de Abril de 2010 00:55

 

Antulio Rosales
El pasado mes de marzo, el diputado Wilmer Azuaje fue detenido por presuntamente agredir verbal y físicamente a una funcionara del CICPC. El hecho implicó un rápido despliegue de la Asamblea Nacional (AN) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para allanar la inmunidad parlamentaria del implicado y procesarlo por violar la Ley Orgánica sobre el Derecho de  las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El aparato del Estado fue ágil, eficaz y eficiente para defender el derecho de las mujeres consagrado en la Constitución y la Ley Orgánica. Un Estado soñado, un Estado que lucha contra las desigualdades de clase, étnia y género, éste fue el Estado anti-patriarcal.

Un mes más tarde, durante el fin de semana del bicentenario de la Independencia, el Campeón Mundial de Boxeo, Edwin Valero, fue aprehendido por la presunta comisión del asesinato de Yenifer Viera, esposa del pugilista. Algunas alertas mediáticas, médicas y judiciales se habían levantado semanas antes sobre agresiones de Valero contra su familia y, especialmente, contra Viera. A esto se sumaba un prontuario de dependencia a estupefacientes, única razón por la cual fue retenido en un centro asistencial y debía ser enviado a Cuba posteriormente.  Aún no quedan claras las medidas que fueron tomadas para proteger la integridad física de Yenifer Viera. El resto de la historia es conocida. El ciclo de violencia terminó con el -también presunto- suicidio de Edwin Valero.

Diversos movimientos de mujeres han levantado su voz desde entonces para exigir investigaciones que den cuenta de las responsabilidades administrativas y judiciales frente a la situación de Yenifer Viera. Hasta ahora, sólo una comisión de la AN se ha movilizado para investigar las circunstancias que rodearon la muerte de Edwin Valero en la sede de Policarabobo, puesto que se sospecha negligencia de parte de la policía en la protección del implicado o incluso su posible asesinato. El Presidente de la República manifestó su pesar por la tragedia, asegurando que el Estado venezolano velaría por el bienestar de los hijos de la pareja y recalcando que el deporte venezolano y latinoamericano se había enlutado, nada más. Ningún Tribunal encargado de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ni la Jefa del Poder Legislativo, ni la Fiscal General de la República, ni la Defensora del Pueblo, ni la Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género han hecho pronunciamiento alguno sobre Yenifer Viera.

Cuando periodistas opositores, voceros de algunas gobernaciones o poderes legislativos anti-chavistas levantan su voz para cuestionar la acción del Estado frente al caso de Yenifer Viera, resulta evidente que la polarización política una vez más le ganó la pelea a los derechos de los y las venezolanas. No harían lo propio si el violento fuera algún confeso opositor con la cara de Manuel Rosales tatuada en el pecho. Esa es parte de su pequeñez oportunista, pero el caso contrario es imperdonable, ya que corresponde al Estado velar por el cumplimiento de los propios derechos que consagra. El silencio de las y los mencionados arriba no puede llamarse de otra forma sino complicidad.

Recuerdo a Henry Kissinger cuando admitió que Anastasio Somoza era un hijo de puta, pero era “nuestro hijo de puta”. Pareciera que cuando son nuestros  los agresores, los protegemos. Ahí, el Estado ágil que aprehendió al Diputado opositor Wilmer Azuaje por agredir a una funcionaria policial, se esconde detrás del tótem bicentenario erigido frente a la casa natal de Simón Bolívar y se deja obnubilar por su grandeza y virilidad.

 
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