Notiese México
Ante las declaraciones homofóbicas que han emitido el clero católico y otros ministros de culto religioso contra las reformas que permiten la unión matrimonial entre homosexuales en el Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha tenido una actitud “sumisa” y “cómplice”, señaló la legisladora Enoé Uranga Muñoz, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La diputada federal llamó al titular de la Segob, Fernando Gómez Mont, a no fundamentarse en opiniones o creencias particulares, y en consecuencia, a poner “en orden” a la jerarquía eclesiástica conforme dicta la ley mexicana.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lamentó que los derechos humanos del colectivo lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual (LGBTI) estén en medio de un “carnaval de declaraciones irresponsables e ilegales” entre los jerarcas de la Iglesia católica y la Segob.
Tras la aprobación del matrimonio sin discriminación en el DF, se ha dado un “debate ramplón” entre representantes del clero católico y “algunos legisladores”. Los obispos califican la nueva legislación como “mala y aberrante”, y hay diputados que proponen a los jerarcas religiosos dialogar sobre temas parlamentarios, reprobó Uranga.
Las satanizaciones de los purpurados hacia las modificaciones al Código Civil capitalino atentan contra la democracia mexicana, vulneran “en forma grave” el Estado laico y constituyen una desobediencia a la Constitución, criticó la diputada de izquierda.
Uranga sostuvo el colectivo LGBTI no es rehén de “intereses electoreros” de partidos políticos o candidatos, así como de las creencias religiosas de las iglesias.
El PRD capitalino y nacional, así como el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubon, tienen dos compromisos morales y políticos con el movimiento LGBTI: apoyar a la ciudadanía organizada del país a enfrentar la “embestida”, anunciada ya por representantes de grupos conservadores, contra la diversidad sexual en las 31 entidades de la República; evitar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en caso de que sea presentada, garantizar que los derechos humanos “no sufrirán un revés” en el máximo tribunal.
