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Economía. Entrevista a Charles-André Udry: En relación a la “deuda griega” y a la de los “países del Sur” Imprimir E-mail
Miércoles, 17 de Marzo de 2010 20:11

 

Ernesto Herrera / Correspondencia de Prensa

Si Grecia es el terreno de prueba de las políticas de austeridad de la Unión Europea y la instauración de un “Estado efectivamente neoliberal” no es debido al crecimiento de su deuda. Gobiernos europeos e instituciones financieras utilizan la crisis como instrumento de ataque contra los asalariados, como un globo de ensayo socio-político.

Correspondencia de Prensa: Durante estos últimos años, la deuda pública aumentó en todos los llamados “países desarrollados” ¿cuáles son las razones?

Charles-André Udry: Cuando los medios de comunicación hablan de deuda, generalmente promueven una confusión. La deuda pública no es solamente el endeudamiento bruto del conjunto de las administraciones públicas (Estado central, gobiernos municipales, organismos de la “seguridad social”, etc.). Es el conjunto de los compromisos financieros que estas instituciones deben, en principio, reembolsar a sus acreedores, pagando intereses.

Pero, estas mismas instituciones tienen activos (financieros y no financieros). Si se los contabiliza, eso da la imagen del patrimonio neto (activo menos pasivo) de un país. A menudo se hace silencio sobre este aspecto. Lo que facilita la instrumentalización social y política de la deuda pública con el objetivo de aplicar planes de austeridad contra los salarios directos y el salario social. Desde el principio de los años setenta, la deuda pública acumulada se sobrecargó en todos los países de la Unión Europea (UE). Bajo el efecto de las distintas recesiones económicas las finanzas públicas no dejaron de deteriorarse. La deuda pública pues, se vincula estrechamente con la crisis estructural del capitalismo desde 1974-1975. Es necesario agregar tres elementos.

Primero: en el conjunto de países de la OCDE (Organización de Cooperación de Desarrollo y Económica) se constata una subida relativa, a largo plazo, de los gastos públicos. Eso traduce la participación pública necesaria para asegurar las condiciones de la acumulación del capital (equipamientos colectivos, servicios públicos, formación, etc.). Y también, a unas necesidades sociales a las cuales las clases dominantes deben responder - según la evolución de las relaciones sociales de fuerzas - para mantener su dominación. Esta tendencia ya fue estudiada en 1973 por James R.O' Connor en su obra The Fiscal Crisis of the State.

Segundo: el agravamiento de la deuda pública no está vinculado, desde los años ochenta, a un aumento “incontrolado” de los gastos públicos, sino a una reducción relativa de los ingresos públicos. Es decir: a una disminución de los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas capitalistas; a la desfiscalización de las operaciones financieras (bancos, seguros) y a la creación de “nichos fiscales”, así como a medidas favorables “a la competencia fiscal” tanto en la Unión Europea (UE) como a nivel mundial; a las decisiones que hacen que las empresas reduzcan su “participación” en las cotizaciones sociales; a la evasión fiscal de los sectores  de la “economía sumergida”.  El hecho de que los ingresos públicos no hayan aumentado al ritmo de los gastos públicos es, pues, el fruto de una decisión política de los gobiernos - sean de derecha o de  “izquierda” - al mantener las deducciones por debajo del nivel necesario para un equilibrio entre gastos e ingresos.

Tercero: esta política beneficia directamente a los capitalistas y permite una operación “milagrosa”. Estos capitalistas se convierten en los acreedores del Estado. En efecto, bancos y seguros, en los cuales colocan su “ahorro” (sus ganancias). compran títulos de la deuda pública (obligaciones). Por lo tanto, los impuestos no pagados - básicamente una evasión fiscal legal - se convierten en un capital financiero que reporta intereses. Los asalariados terminan pagando estos impuestos no pagados por los capitalistas. La deuda, por lo tanto, redistribuye la riqueza social en favor de los ricos.  Además, esta deuda pública “justifica” las privatizaciones, a través de una degradación planificada de distintos servicios públicos, como la salud, la educación, los transportes, el correo. Lo que empobrece más aún a los asalariados y explotados que necesitarían un acceso gratuito (o a bajo precio) a servicios de calidad o equipamientos colectivos. Por lo tanto, desafiar esta deuda no parece que sea absurdo.

CP: Este proceso de endeudamiento se vino acelerando a partir de 2008 ¿por qué?

CAU: En efecto, la complicidad entre gobiernos e inversores financieros - que se complementan - condujo durante el otoño 2008 al rescate bancos y al apoyo a grandes empresas (sector automóvil, por ejemplo). Eso se efectuó, en gran parte, por la vía del empréstito: bonos del Tesoro emitido en el mercado de la deuda pública (los mercados de obligaciones). Bajo el efecto de estos empréstitos, de la reducción de los ingresos mecánicamente vinculados al retroceso de la producción y las ventas de bienes (TVA) - así como de los regalos fiscales - la deuda pública aumentó en todos los países de la UE.

De 2007 a 2010 (cálculos y estimaciones de la Eurostat) la tasa de crecimiento es del 26,7% para la eurozona; para Francia: 27,7%; Países Bajos: 38,4%; Portugal: 28,3%; España 72,1%; Irlanda: 218,8%; Italia: 12,2%; Grecia 21,3%. Por lo que se refiere a la deuda en porcentaje del PIB, Eurostat hace las evaluaciones siguientes para 2010: Francia: 81,5%; Países Bajos: 63,1%; Portugal: 81,5%; España: 62,3%; Irlanda: 79,7%; Italia: 116,1%; Grecia 115%; y la eurozona: 83,6%.

Si Grecia es el terreno de prueba de las políticas de austeridad de la UE y la instauración de un “Estado efectivamente neoliberal” no es debido al crecimiento de su deuda. Gobiernos europeos e instituciones financieras utilizan el tipo de la deuda con relación al PIB como instrumento de ataque contra los asalariados, que quiere ser un globo de ensayo socio-político, para lo cual colaboran los capitalistas griegos y su gobierno.

Cada uno sabe que los recursos fiscales actuales de Grecia, de facto, dependen de tres factores: el flete de la flota marítima, el comercio con el Próximo y Medio Oriente, y el turismo. La crisis económica y la política del BCE (Banco Central Europeo) obstruyen mecánicamente estos tres factores. Incluso con un gobierno “riguroso”, según los criterios de la UE, el déficit habría estallado. No son pues los “elevados salarios” de los trabajadores griegos o las rentas de los jubilados que son la causa de la elevación del déficit.

Examinemos finalmente el papel específico de los bancos en la situación actual. Estos últimos se salvaron en 2008; declaran hoy beneficios importantes. Estas instituciones diversificadas compraron bonos del Tesoro con el dinero que les fue otorgado por los gobiernos. Transfirieron liquidez – ya que se les asignó a muy bajos tipos de interés –hacia las filiales especulativas (hedge funds) que pretenden ganar más aún sobre la deuda pública, entre otras cosas con instrumentos especulativos como los CDS (Crédito Default Swapes).

El poder del capital financiero, entonces, salió reforzado de la crisis y no ha sido afectado por una pretendida “regulación” que los gobernantes tanto invocaron. Este poder financiero se siente muy fuerte como para especular abiertamente contra los propios gobiernos y contra el euro.

Más concretamente, este poder insiste en que es hora de imponer a los asalariados y asalariadas una super-austeridad que garantice el pago del servicio de los intereses del conjunto de la deuda y, en parte, el reembolso de lo principal. Y los patrones lo utilizarán para restablecer sus beneficios afectados por la crisis, con el fin de “enfrentar la competencia internacional”. Para lograr estos objetivos, será necesario llevar una guerra social contra la población asalariada griega y europea, con el apoyo de los gobiernos; lo que conducirá por otra parte a acelerar una nueva y dura recesión en la UE.

CP: ¿Es posible que un Estado de la Unión Europea quiebre por motivo de una crisis de la deuda?

CAU: Estrictamente, un Estado no puede ir a la quiebra en el mismo sentido que una empresa. En cesación de pago, debe tacharse del registro de comercio y vender sus activos (máquinas, edificios, patentes…) para pagar, más o menos, a los distintos prestamistas y el salario de los despedidos. El paralelo con una empresa no es pues pertinente.

Para abordar esta cuestión, es necesario tener en cuenta la naturaleza de clase de los prestamistas (de los acreedores), que se cebaron pagando muy pocos impuestos y cobrando los intereses de las obligaciones y otros instrumentos financieros poseen: intereses pagados por los asalariados.

Un Estado puede evitar una situación de default aumentando sus ingresos. Es decir poniendo impuestos sobre las capas sociales que ahorran más; lo que no disminuiría el consumo. Distintos estudios ponen de manifiesto que el déficit presupuestario griego podría estar cubierto por un impuesto a los ricos que, por otra parte, están entre los acreedores del Estado. Por qué olvidar que F.D. Roosevelt, en 1932, hacía pasar el porcentaje marginal de imposición de los altos ingresos al 79% (para el futuro, en Grecia, está previsto un 45%). Un estudio de HSBC (Mathilde Lemoine) indica que el 29% del último empréstito de 5 mil millones de euros suscripto a una tasa delirante de 6,25% (en relación a 3,2% por Alemania) no fue suscripto para los griegos, sino para los ricos y mañana todavía más ricos. Esta imposición a partir de una defensa de los intereses de las clases dominantes, implica un ataque multidimensional contra la mayoría de la población que produce la riqueza social. ¡El plan de austeridad griego actual ya equivale según la OFCE (Oficina francesa de las coyunturas económicas, Xavier Timbeau) a una duplicación del impuesto sobre la renta en Francia! Este porcentaje del 6,25% se acepta “para obedecer a la disciplina de los mercados”, es decir, los inversores.

Ahora bien, estos últimos son la causa fundamental de la crisis de 2008. Aceptar sus órdenes equivale caminar de cabeza. Cuando los “mercados se tranquilizan”, los asalariados se asustan. Tal política consigue destruir las capacidades productivas de un Estado en beneficio del pago de los intereses privados de la deuda.

Una solución elemental, en el marco mismo de una política burguesa semi-keynesiana, podría ser la siguiente: a medida que los títulos de la deuda griega (o de otros) expiran, los bancos de la UE deberían ser obligados a suscribir los nuevos títulos emitidos y eso a un tipo de interés limitado. Y si estos bancos deben financiarse de nuevo, podrían siempre depositar estos títulos para el BCE, lo que ya se hace. Sólo el insaciable apetito de clase (de la ganancia) de los inversores y de sus cómplices gubernamentales, así como una política de “tolerancia social y política” de las clases trabajadoras (encuadradas por los aparatos burocráticos, sindicales y políticos) explican el rechazo de tal opción; sin mencionar el peso de los dogmas monetaristas y la defensa de los intereses específicos dominantes de los países del Norte de la UE.
 
CP: ¿Cuál debería ser la respuesta de la izquierda y del movimiento obrero en una situación como la actual?

CAU: En la medida en que una opción tan moderada como la indicada anteriormente es rechazada, el repudio a la deuda aparece - desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores griegos y europeos y no solamente los de Portugal, España o Italia - como una vía razonable que debe utilizarse.

Debe basarse en la amplitud de la movilización social y política, y en la imposición de una relación de fuerzas y su extensión a escala europea. Ya que lo que está en juego es europeo, como lo repite desde enero 2010, The Economist, la biblia de la City londinense. ¡Por una vez, ellos, los acreedores, que se ufanan de tomar riesgos, deberían pagar los platos rotos! Sobre todo teniendo en cuenta que los especuladores del tipo Soros que utilizan los CDS - es decir, un seguro de incendio por una casa que no poseen, pero que esperan se incendie, haciendo ellos de pirómanos - no dudan en estrangular pueblo trabajador.

Un Estado sigue siendo un Estado incluso si decide deshacerse de la carga - o de una parte importante - de su deuda. Puede suspender durante algunos semestres el pago de los intereses, indicando que no habrá pagos retroactivos. Puede reducir el importe nominal de títulos de la deuda cuando expiran. Pero habrá que estar atentos, ya que el contraataque de los “mercados” contra “los malos pagadores” será también fuerte, más allá que el repudio de la deuda sea limitado o amplio.
 
Es necesario que el repudio proporcione recursos que estén, al menos, a la altura del déficit corriente para dar un oxígeno a la economía.  En efecto, los prestamistas (que han saqueado las riquezas de los países gracias a la compra de partes de la deuda pública) deberán pagar una suma que no es nada en relación con los impuestos que no pagaron (durante estos 25 últimos años). Este saqueo no solo ha ocurrido en muchos “países desarrollados”, sino también (y sobre todo), en los “países del Sur”, en América Latina, en África, en Asia. Allí también el endeudamiento público no deja de crecer, con su correlato de degradación de los servicios públicos, austeridad salarial, desempleo y pobreza de masas.

Ellos, los prestamistas, como ya lo explicamos, prefirieron gobiernos que se endeudaran antes que gobiernos que gravaran sus ganancias. Prefirieron (y prefieren) gobiernos dóciles (derechistas o “progresistas”, da lo mismo), que se inclinan ante el mercado y los “inversores” extranjeros. Entonces hay que darle una vuelta al palillo “de la ética” de los partidarios del Capital. Ellos tienen que pagar. O como dicen los millones de trabajadores griegos que fueron a la huelga general: “nosotros no pagaremos”.

Ciertamente, este repudio de la deuda debe acompañarse de un conjunto de medidas que van desde la nacionalización de los bancos, a un nuevo sistema tributario, y a una reorganización de la seguridad social, de los servicios públicos, etc. No es aquí el lugar de proponer un plan en tal sentido, ya que este debería discutirse (y esbozarse) entre los sectores sociales movilizados, junto con una extensa investigación sobre las necesidades sociales no satisfechas. Es el desafío de los asalariados y asalariadas de Grecia, de Europa, de Estados Unidos, de los “países del Sur”, en fin, de los trabajadores inmigrantes. Ya que la crisis capitalista es de una gravedad sin precedentes desde la segunda Guerra Mundial.
 
* Economista, militante del Movimiento Por el Socialismo (MPS-Suiza), director de los Cahiers libres (Editions Page deux) y redactor de la revista La Breche: www.alencontre.org

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17 de marzo 2010
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