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Martrimonio entre personas del mismo sexo: Otra batalla contra la hipocresía Imprimir E-mail
Domingo, 25 de Abril de 2010 20:47

 

Alberto Fernández / Criticadigital

Mi madre se divorció de mi padre siendo yo muy niño. Poco tiempo después rehizo su vida casándose en México con un hombre que no sólo la acompañó hasta el día en que la muerte lo atrapó, sino que en todo ese tiempo ocupó en la familia el lugar que mi padre biológico había abandonado.

De niño padecía tener que explicar en el colegio que mi hermano menor, precisamente por haber nacido en el segundo matrimonio de mi madre, tenía otro apellido. Tan traumático como tener que explicar que aquel señor a quien yo llamaba papá y cuidaba de mí como si lo fuera, en verdad era el “segundo marido” de mi madre.

Con todo, nosotros sentíamos ser parte de una familia no sólo en sus formas, sino también en el amor que nos dispensábamos. Pero aun así, la sociedad nunca nos trataba como tal porque el sistema legal argentino impedía a quienes se habían divorciado recrear una nueva familia. De este modo, aquel que se divorciaba estaba condenado a vivir en una suerte de relación legítima, impedido de reconstruir sus afectos al amparo de las leyes vigentes. Las uniones de los divorciados eran simples concubinatos y los niños engendrados en ese amor, hijos extramatrimoniales.

Debieron pasar más de dos décadas desde aquel día en que mi madre recompuso una familia, para que la ley argentina dejara de discriminarla y le reconociera el derecho de unirse en matrimonio con el hombre que amaba. Tanto tiempo había pasado, que los testigos de ese matrimonio fueron los mismos hijos que habían engendrado, criado y educado.

Cuando la ley otorgó a los divorciados el derecho de volver a casarse, las voces siempre conservadoras se alzaron en “defensa de las familias”. La Iglesia argentina llevó entonces la voz cantante. Sermoneaban en misa que el reconocimiento de aquel derecho conduciría inexorablemente a la destrucción de las familias y que ello serviría para dar “rienda suelta” a la vocación reprimida de millones de hombres y mujeres atados por la institución matrimonial.

El gobierno de Alfonsín no prestó atención a ninguno de esos argumentos. Así fue como la ley se reformó y las “uniones de hecho” (eufemismo utilizado para citar hasta entonces a los matrimonios de personas divorciadas) se convirtieron en matrimonios lisos y llanos. Lejos se disolverse, muchas familias se integraron al recuperar la armonía ausente en los días en que funcionaban en la “ilegalidad”.

Cuando fui testigo del matrimonio que unió a mi madre con su ser amado y pude ver cómo la felicidad colmó cada uno de sus gestos, tuve la sensación de que en la Argentina la hipocresía había recibido un duro golpe. Sin embargo, con el correr del tiempo, acabé por descubrir que nuestra sociedad ampara el germen de la hipocresía con particular cariño.

En estos días, ese germen nunca muerto parece querer revivir. Derrotado con el divorcio, pretende renacer ahora para impedir que personas del mismo sexo puedan tener un vínculo legal que formalice ese amor. Como en los días del divorcio, los hipócritas rasgan sus vestiduras, clamando para que la naturaleza no sea vulnerada por medio de la autorización a que dos hombres o dos mujeres, unidos en el afecto que se profesan sean legalmente reconocidos como parejas que son.

Las fuerzas conservadoras en las sociedades siempre han creído que aquello que permanece oculto definitivamente no existe. Afirmando que “de eso no se habla” aplican a la lógica social el mismo juicio que imponen a su vida privada para ocultar cuestiones que los incomodan. En ese mismo orden de ideas, piensan que lo que la ley no reconoce tampoco tiene virtualidad. Alguna vez pensaron que, impidiendo el casamiento de los divorciados, no existirían parejas recreadas por fuera de la ley. En otra ocasión creyeron que, persiguiendo al adicto a la droga, acabarían con la droga misma. Y, aunque es obvio el fracaso de método tan primitivo, se animan ahora a sostener que, impidiendo el casamiento de personas del mismo sexo, esas uniones quedarán al margen de la ley y, por lo tanto, nadie tendrá el deber de reconocerlas como sí deberían hacerlo si la ley instituyera la validez matrimonial de esas uniones.

Cuando sienten que la realidad los acorrala, recurren a los más asombrosos argumentos.

Dicen que la homosexualidad va contra la misma naturaleza, sin entender que en la misma naturaleza en la que nacen los heterosexuales nacen también quienes no lo son.

Cuentan que los homosexuales han elegido vivir en esa condición pudiendo haberse motivado a no hacerlo. Descuidan que ninguno de nosotros ha elegido ser heterosexual, que simplemente llegamos a serlo por una condición natural y que seguramente ése debe ser el mismo camino que deben transitar quienes se descubrieron como homosexuales. No eligieron serlo sino que simplemente lo son.

Desesperan preocupados pensando que parejas homosexuales puedan terminar adoptando niños. “Qué ejemplo se les dará a esos pequeños”, braman los conservadores más furiosos. En sus limitaciones para poder ver, temen que de padres homosexuales sólo puedan salir hijos que también lo sean. No advierten que el ciento por ciento de los homosexuales existentes nacieron de parejas heterosexuales, demostrando así que el matrimonio entre hombres y mujeres no sólo no garantiza que no proliferen homosexuales, sino que ha demostrado una formidable eficiencia para crearlos.

La discusión que se ha dado en torno a la aprobación de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo es otra lamentable expresión de la hipocresía argentina. Tras ella se esconde la penosa voluntad de condenar a la marginalidad a muchas personas que solamente reconocen una sexualidad diferente. Se quiere privar a todos ellos de la posibilidad de construir una familia del único modo que saben hacerlo. Están más atentos a preservar formas sociales perimidas, antes que favorecer el amor que une a personas con una misma identidad sexual.

La misma Iglesia que no sabe cómo ocultar a sus sacerdotes pederastas ya se ha opuesto a que se autoricen tales casamientos. Los obispos y sus laderos han lanzado una formidable presión sobre los legisladores y sobre la misma opinión pública tratando de que una nueva ley de matrimonio civil que autorice la unión entre personas del mismo sexo jamás sea dictada.

Pero en estos días en los que es habitual en la Argentina oír y lanzar críticas a una política que ha quedado reducida a una práctica que sólo pasa por cruzar denuncias, que el Congreso Nacional se dedique a tratar en su seno una modificación legal de tal envergadura puede ayudar a que la política vuelva a ocupar su exacto lugar: aquel en el que se atiende la realidad y se busca mejorarla.

Si sucediera que al final se iniciara el tratamiento parlamentario de la ley y prontamente acabara promulgada, los argentinos estaríamos dándole otro golpe mortal a ese germen de la hipocresía que cada tanto revive y nos posterga socialmente. Habremos también permitido que se ponga fin a la marginalidad a la que se condena a gente que “carga” con el insólito pecado de vivir su sexualidad de un modo distinto de la mayoritaria heterosexual.

Los católicos estaremos más tranquilos sabiendo que nuestra paz no se logra ignorando conscientemente al que se muestra distinto, sino integrándolo y respetando la realidad que le toca vivir.

Nosotros, heterosexuales, no corremos riesgo con una ley que permita el matrimonio homosexual. Al fin y al cabo, ninguna norma nos exigirá ser homosexuales para hacer una familia, disfrutar del amor del otro y alcanzar la felicidad.

Pero estemos inquietos: en el presente la ley exige ser heterosexual para tener una familia, disfrutar del amor del otro y alcanzar la felicidad. Una injusticia que tal vez podamos comenzar a subsanar

 
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