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El momento crucial: porqué tipificar el feminicidio Imprimir E-mail
Viernes, 24 de Junio de 2011 20:53

 

Erick Monterrosas Castrejón / Hermano de Alí Cuevas Castrejón, víctima de feminicidio

La tipificación expone el legítimo derecho que tienen las mujeres asesinadas y sus familias de ver su memoria pública restaurada a través un justo reconocimiento de la importancia de su vida y de la condena social de la violencia feminicida. 

En los casos de feminicidio generalmente hay dos tipos de perpetradores: 1) quien lo comete materialmente 2) quien desde su posición en el aparato de impartición de justicia-definición de leyes refuerza inequidades estructurales que hacen permisible que más mujeres sean asesinadas. El primer tipo de perpetrador es el que con su violencia consuma el acto de muerte, normalmente el más visible, aunque no por ello menos exonerado en la cultura machista que permite que el hombre posea todo, incluso la vida y destino de las mujeres. El segundo tipo es menos visible, normalmente un ministerio público, juez, policía, perito, legislador, etc. que con su acción deliberada, omisión o desdén incurre en violencia de género institucional. Y pongo los culpables en masculino porque aunque puede haber feminicidios perpetrados por mujeres, éstos en la realidad son casi inexistentes. Esta violencia institucional se hace evidente en las fallas para atender debidamente los procesos judiciales, crear leyes, atender protocolos de investigación, etc.

El Distrito Federal está ante una coyuntura crucial para abatir el feminicidio.  Presencié el debate entre las comisiones de administración y procuración de justicia y la comisión de género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para aprobar el resolutivo de tipificación de feminicidio. La sociedad civil y las familias dolidas por los feminicidios hemos luchado por impulsar la tipificación. Hemos dotado el debate de argumentos y experiencia (ganada dolorosamente en la cotidianeidad de quienes buscamos acceso a la justicia) para enriquecer el debate. Les hemos aportado elementos de género y derechos humanos a nuestros representantes y servidores para que no tuviesen pretextos para impedir esta reforma penal. Por desgracia, hemos visto también entrampados los procesos. No han sido pocos los viles esfuerzos de algunos legisladores, magistrados y jueces por imponer su visión reduccionista, su violencia de género.

Ellos, y me vuelvo a referir en masculino, porque me consta que fueron primordialmente hombres, han sido los jueces que califican la tipificación de “ridícula”, de “extremismo feminista”, los legisladores que con argucias impugnan puntos nodales del dictamen en aras de dejar fuera de la tipificación los protocolos de investigación, reparación de daño y las responsabilidades de servidores públicos.  Son ellos los que han atacado los estándares mínimos de debido proceso en crímenes contra mujeres por los cuales la Corte Interamericana ha encontrado culpable al Estado mexicano en la sentencia de Campo Algodonero. Con su freno, estos actores que deberían encarnar los valores de la igualdad y la democracia, no han hecho sino evidenciar su machismo y su aquiescencia a ser perpetradores de violencia institucional.

Por suerte (y más bien por presión política de la sociedad civil) no todo está perdido. Aunque estas voces representantes de la violencia de género institucional se han esforzado, han sido debidamente relegadas. No obstante, muchas otras voces desde la ciudadanía han cuestionado el porqué de tipificar el feminicidio. Si ya existe la figura del homicidio, los críticos cuestionan; ¿por qué hacer “especiales” las muertes de mujeres? Expondré algunos puntos:

1) No todo asesinato de una mujer es un feminicidio, el tipo penal se crea para que se tomen en cuenta los factores contextuales que implican odio de género en el asesinato de una mujer.  Estos factores contextuales ponderan las asimetrías de poder entre hombres-mujeres y cómo las relaciones de subordinación e inequidad derivan en situaciones de violencia, abuso y vulnerabilidad. La tipificación debe también contemplar la forma en que generalmente los servidores públicos son partícipes de la muerte de mujeres a través de su acción directa u omisión. 

2) Se tipifica para visibilizar, para afrontar públicamente una problemática que hemos querido mantener en el ámbito privado, oculto. Un grave problema de la violencia de género es que no contamos con cifras confiables, las procuradurías no tienen, ni quieren tener información que nos facilite ver la dimensión y factores asociados a la violencia de género. Esta postura es un impedimento para crear políticas públicas que ataquen este problema desde diversas áreas. En la medida que se visibilice la dimensión del problema a través de la existencia del delito concreto podremos no sólo mejorar el sistema penal y las sentencias, sino atacar el flagelo desde una visión más amplia de educación, empoderamiento de mujeres vulnerables y prevención. En la medida que tengamos claros los factores que intervienen en los casos concretos de feminicidios seremos capaces de revertir nuestra horrible realidad.

3) Más allá de números y factores causales, hacer un marco legal con perspectiva de género y derechos humanos va de la mano con una reivindicación simbólica de la memoria histórica de las víctimas como mujeres valiosas para nuestra sociedad. Esto nos debe llevar a una reflexión  sobre la violencia que permitimos y ocultamos así como a una erradicación del estigma que pesa sobre las mujeres asesinadas. Hemos normalizado a tal grado la violencia machista que existe una asimetría de comunicativa en donde el discurso patriarcal impera y cuestionamientos revictimizantes como; “ella se lo buscó” o “por algo la mataron, lo habrá provocado” siguen vigentes. La tipificación expone el legítimo derecho que tienen las mujeres asesinadas y sus familias de ver su memoria pública restaurada a través un justo reconocimiento de la importancia de su vida y de la condena social de la violencia feminicida. 

4) Además de la dolorosa pérdida de la vida de mujeres ante el feminicidio, debemos considerar las secuelas sobre otras mujeres. Un feminicidio tiene efectos sobre TODAS las mujeres que están vivas: les envía un mensaje de silenciamiento, de supresión de autonomía y de exclusión. Cada que una mujer cae por feminicidio, se les manda un mensaje silencioso pero contundente a TODAS las vivas: “no puedes estar sola, corres peligro” “no puedes tomar decisiones autónomas” “no puedes decidir cuándo dejar a un hombre” “no te vistas así”, “no salgas”. Las mujeres tienen el legítimo derecho de contar con leyes que contrarresten el mensaje de terror  subrepticio que impera en todas partes. Como sociedad tenemos el imperativo de eliminar la falacia de que el feminicidio es sólo un problema de las mujeres muertas. Tipificando, ciudadanas y ciudadanos mandaremos un mensaje a los feminicidas: “El asesinato de una mujer no es tolerable bajo ninguna circunstancia”, “Quien asesine a una mujer no pasará inadvertido, mucho menos será eximido”. 

El dictamen pasará a pleno en la ALDF. A nosotros nadie nos las devolverá, estamos en un momento crucial por las que quedan vivas.

Erick Monterrosas Castrejón.

Hermano de Alí Cuevas Castrejón, víctima de feminicidio.

 
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