Olga Viglieca / Diario Z / Rimaweb 

Con habilitaciones truchas funcionan locales -clubes vip, saunas, tugurios- donde explotan a mujeres y criaturas privadas de su libertad por tratantes, proxenetas y socios. El gobierno porteño no dice ni cuántos son ni cuántos clausuraron.

Si El Cairo es la ciudad de los mil minaretes, Buenos Aires es la de los mil pros­tíbulos. Lo denuncian las organizaciones que luchan contra la trata y la explotación sexual con listados y direcciones a los que se les presta poca atención. Son sau­nas y whiskerías, discretos departa­mentos, clubes de lujo, locales que funcionan con un mínimo de seis mujeres o criaturas esclavizadas. La cuenta es fácil: por lo menos 6.000 Marita Verón están prisioneras en los barrios porteños para lucro de tratantes, proxenetas y asociados.

Las mujeres prostituidas en la Ciudad no escapan a las generales de la ley: proceden de los países li­mítrofes, de las provincias del NOA, del conurbano. Suelen ser chicas muy jóvenes y muy pobres, recluta­das con la promesa de un buen tra­bajo. Pero terminan prisioneras de una red que, primero, las somete­rá a un "ablande" brutal, un cóc­tel compuesto de violaciones, priva­ción de alimento, drogas, alcohol, amenazas contra la familia hasta doblegarlas. Luego las llevarán por distintos prostíbulos -en la ciudad y en las provin­cias- para evitar que alguien las ayude a es­capar o que se creen solidaridades entre ellas. Algunas serán "mejoradas" para ven­der a España, Chile, México, Brasil.

En el circuito VIP, cotizan quienes cum­plen los requisitos de exotismo y extrema juventud gratos a los compatriotas pero sobre todo a los turistas norteamericanos y europeos que buscan carne fresca.

No se libran ni los nenes. La Coali­ción Alto al Tráfico y la Trata denunció ante la Brigada Niñ@s del Ministerio de Justicia de la Nación indicios de prosti­tución infantil. "Nuestros operadores de calle han detectado a niños, escon­didos en las sombras de la noche, con­trolados por los proxenetas, esperando ser contactados desde los grandes ho­teles", señalan. La asesora general tute­lar del Ministerio Público porteño, Laura Musa, también dijo que existe "explota­ción comercial de adolescentes y fami­lias cómplices, especialmente se usan al­gunos conventillos del barrio de La Boca. Las instituciones que tienen que investi­gar no lo hacen".

Los entendidos señalan que, paradó­jicamente, las chicas más chiquitas sufren mayores violencias. Laceraciones, more­tones, quebraduras, quemaduras, a ma­nos de tratantes y de los clientes.

Noches crueles de Balvanera

Cuando alguna razón obstruye el re­clutamiento, las redes pasan al secues­tro liso y llano al estilo de la tucumana Marita Verón o de la neuquina Floren­cia Penacchi, la estudiante de Ciencias Económicas que desapareció en 2005 en Palermo.

Ludmila tiene una voz suave y dice que preferiría mirar hacia de­lante, retomar sus cosas, olvidar­se. Que se pasó muchos días asus­tada, casi sin salir a la calle, que en la Comisaría 8ª "no le dieron bolilla", y que le gustaría "sentir­se mejor y dejar todo atrás". Pero que si sirve para impedir que se lleven a otra chica, habla. Y ha­bla: dice que se bajó del colectivo, que iba por Hipólito Yrigoyen, en la cuadra de la Facultad de Psico­logía, a encontrarse con un ami­go, que vio una sombra detrás de un árbol y que la sombra -una mujer- la agarró con fuerza y le dijo que se quedara quieta que no la iba a lastimar. Que ella una vez había escuchado en unas jorna­das de la FUBA contra la trata al hermano de Florencia. Y gritó, pa­teó, pegó hasta que sintió que la tenaza cedía y corrió. Que lo que más la indignó fue que en la es­quina de Urquiza había un opera­tivo con cinco patrulleros. Y le dio más miedo: habían tratado de se­cuestrarla con un operativo a 100 metros. Un segundo caso tras­cendió en abril, con una estudian­te de Psicología: "Dos hombres se bajaron de una camioneta blan­ca, la golpearon en el estóma­go, e intentaron meterla adentro. Ella gritó y logró escapar", explica Fernanda Gallo, del centro de es­tudiantes.

A esa altura, docentes, estu­diantes, organizaciones de mu­jeres convocaron a una reunión. Allí, los estudiantes del IUNA, que también cursan en el barrio, infor­maron de un intento de secuestro en Yatay y Corrientes. Y que dos alumnos habían visto, en Belgra­no y La Rioja, una Traffic blanca parada en el semáforo que tenía los vidrios tapados con bolsas de nailon y desde donde salían gritos de mujer.

En ese punto, la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extor­sivos y Trata de Personas (Ufase) tomó cartas en el asunto y entrevis­tó a las víctimas para comenzar una investigación preliminar. Diario Z conversó con la secretaria Alejan­dra Mángano, que lleva el caso.

¿Es habitual en Buenos Aires re­clutar a través del rapto?
En general no. Pero vimos última­mente varios casos de este tipo en la Ciudad y sus alrededores, con lo cual estamos empezando a du­dar de que sea así. En Lanús, en Morón, en Quilmes, y en la Ciu­dad hubo un caso en Constitución y otro entre Bajo Flores y Lugano. Son casos denunciados, están muy incipientes. Chicas desaparecidas hay un montón y no se sabe si no fueron privaciones de este tipo.

¿Cuántas son un montón?
De los últimos informes oficiales surgen unas 600 chicas. El Ministe­rio de Justicia y Derechos Humanos tiene un registro de desaparecidos menores de edad obligatorio. En el caso de las mayores, está diversifi­cado, y es un problema.

"Por cada mujer que encontra­mos, desaparecen siete. Las bandas son muy poderosas", explica Fabia­na Túñez, coordinadora de La Casa del Encuentro, una organización fe­minista popular que los días 3 de cada mes se planta frente del Con­greso para exigir la aparición con vida de las mujeres secuestradas y que este delito sea considerado un crimen de lesa humanidad.

Noticias de ayer

María Cash, 29, diseñadora, se despidió de su papá en Retiro el 4 de julio. Iba a Jujuy a vender ropa. No se sabe por qué se bajó an­tes del micro. No se sabe por qué abandonó su mochila al costado de la ruta. No se sabe por qué no con­testa el celular. No se sabe donde está. No se sabe nada, en realidad, de María. Excepto que desapareció en una zona donde capturan muje­res y niñas para prostituirlas.

Segunda: A principios de mes, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital confirmó el procesa­miento de un hombre, acusado de integrar una red que reclutaba chi­cas en República Dominicana y las ocultaba en la Ciudad mientras les gestionaba asilo ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepa­re, que depende de Dirección Na­cional de Migraciones). Después, las alquilaban a prostíbulos del in­terior. Existe una orden de captura contra sus cómplices y la Justicia pi­dió que se investigue si hubo "con­nivencia de personal de la Dirección Nacional de Migraciones".

La investigación, iniciada por la Ufase, partió de una denuncia del Cepare, extrañado por el cre­cimiento de las solicitudes de re­fugio para mujeres jóvenes do­minicanas, que tenían en común haber pagado a alguien para que les gestionara el viaje y les consi­guiera un (buen) empleo. Final­mente -una muestra de la tranqui­lidad con la que operaba la red-, la mayoría de las chicas hizo sus trámites de asilo acompañada por el mismo hombre, Julio Almonte Javier, un dominicano con DNI ar­gentino, de 36 años, que ahora duerme en la cárcel de Ezeiza.

La sospecha de que en el país operaban redes de trata comenzó a fines de los 90, en un contexto de empobrecimiento masivo de la región. La paridad peso-dólar vol­vía valioso un salario "convertible" para ayudar a la familia en el país de origen. En esos años, miles de dominicanas llegaron a Buenos Ai­res sin que Migraciones se interesa­ra por averiguar a qué venían esas mujeres jóvenes, solas y evidente­mente sin recursos, quién les paga­ba el viaje y por qué. Muchas eran madres, lo que las volvía más vul­nerables a la extorsión. Una vez en Buenos Aires les secuestraban el pasaporte y las obligaban a pros­tituirse para "devolver" el dinero del pasaje, los trámites, el alimen­to, el lugar donde vivían. Una deu­da impagable que crecía cada día. Una chica que logró fugarse dijo que creía estar en Madrid, no en Buenos Aires. La cónsul dominica­na calculó que tenía más de 6.000 compatriotas en la Ciudad.

La segunda ola de dominica­nas llegó en 2008. Las solicitudes de radicación treparon en un solo año (2007) de 663 a 1.168, según Migraciones. Las autoridades ar­gentinas repatriaron a cientos de mujeres: en un solo avión encon­traron 58 traficadas. Las mafias buscaron entonces nuevas alter­nativas. Por ejemplo, el pedido de asilo que investigó la Ufase.

Las morenas le cambiaron la cara a Buenos Aires. Hoy existe un "barrio" de dominicanas en Cons­titución y sus hijos van a las escue­las de la zona. Inmigrantes pros­tituidas coexisten con modestos restaurantes típicos y peluquerías especializadas en el pelo enrulado de la raza negra.

Si las mujeres prostituidas en manos de las redes viven en escla­vitud, la minoría que se "indepen­diza" queda sujeta a las repre­salias de los cafishios y al hostigamien­to policial. La Asociación de Meretrices de Repú­blica Argentina (Ammar) denunció el 28 de septiembre del año pasa­do que la Comisaría 8ª había re­primido en forma brutal a mujeres dominicanas en Plaza Miserere.

"Una mujer adulta deja mil dó­lares por mes a cada proxeneta. Si es menor, la cantidad se dupli­ca y si las niñas son vírgenes, hay que multiplicar por cinco. La vida de una víctima no es mayor de 12 o 14 años. Para mantenerlas cauti­vas, los proxenetas las hacen adic­tas y alcohólicas", explica Fabiana Túñez. Ella y sus compañeras sa­ben de lo que hablan. A La Casa del Encuentro llegan a pedir apoyo tanto las familias que buscan a sus hijas como las víctimas liberadas.

La caja histórica

La explotación sexual es una de las cajas negras tradicionales de la policía, al punto de que, cuenta el periodista Ricardo Ragendorfer, la llaman la caja "histórica". Esta connivencia se verificó en junio de 2010, cuando el jefe de la División de Trata de la Policía Federal, Jor­ge Omar Fernández, fue separado de su cargo acusado de conformar una asociación ilícita dedicada a coimear y regentear prostíbulos. En marzo de este año, un megaope­rativo de 600 gendarmes y prefec­tos allanó simultáneamente 50 ba­res, boliches y cabarets en distintos barrios porteños, incluidos Consti­tución, Palermo, Bajo Flores y Re­coleta. Encontraron menores pros­tituidas, actas policiales falsificadas, papeles donde se contabilizaban supuestos pagos mensuales de los prostíbulos a la comisaría de su ju­risdicción. Hubo una sola detenida.

A partir de la documentación hallada, los fiscales de la Ufase, Marcelo Colombo y Marcelo Ra­ffaini, señalaron como involucrados con las redes de explotación sexual a seis comisarios, quince subcomi­sarios y unos setenta policías de una docena de comisarías, distri­buidas en seis de las ocho circunscripciones porteñas. El 31 de mar­zo, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, relevó a 47 de los 53 jefes de comisarías porteñas, entre ellos cin­co de los seis comisarios asociados a los prostíbulos.

Ciegos y mudos

En su campaña por la reelec­ción, el jefe de Gobierno Mauricio Macri afirmó varias veces que lleva­rá adelante "una dura batalla para recuperar y devolverles la libertad a las mujeres y a los menores que son víctimas de ese flagelo". Es impor­tante que reconozca que en la Ciu­dad que gobierna existen esclavas. Pero sus cuatro años de gobierno quitan verosimilitud a la promesa. Por ejemplo, el veto de Macri a una ley que creaba en la Ciudad una ofi­cina contra la trata de personas si­milar a la nacional.

En estos años, el Gobierno porteño hizo algunas cosas: ha­bilitó una línea telefónica gratui­ta 0800-333-47225 (FISCAL) para atender denuncias, firmó un con­venio de colaboración con la Ufase y abrió un refugio con capacidad para 18 víctimas cuya dirección es secreta. Episódicamente, colocó un kiosquito color amarillo con fo­lletería sobre el tema en Retiro y las estaciones de tren. Ningún funcio­nario consultado por Diario Z, sin embargo, pudo decir cuántas víc­timas fueron liberadas, ni cuántas recibieron ayuda ni cuántos prostí­bulos clausuraron.
Los funcionarios suelen enco­gerse de hombros, dicen que la tra­ta es un delito federal y los excede. Es una verdad a medias porque la trata viene acompañada de explo­tación sexual. Y la ley 12.313 pro­híbe desde 1936 los prostíbulos y la explotación sexual por cuen­ta ajena. Es suficiente para inter­venir.

Alcanzaría con que los fisca­les contravencionales de la Ciudad despegaran algunos de los miles de papelitos que tapizan los barrios porteños con oferta de sexo pago para saber quiénes violan la Ley de Profilaxis y dónde tienen cautivas "a las mujeres y los menores" que Macri quiere liberar. Alcanzaría con que los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control vieran prostíbulos donde hay prostíbulos y esclavas donde hay esclavas.

Que la Policía Metropolitana dé la bienvenida a los federales expul­sados por sus vínculos con tratantes y proxenetas tampoco es auspicio­so. Por ejemplo, el actual comisio­nado mayor de la Metropolitana, Ricardo Cajal, expulsado en 1998 de la Federal por proteger prostíbu­los de San Telmo. O Miguel Fausto Colombo, amigo de Fino Palacios, que debió renunciar como jefe de Investigaciones de la nueva policía antes de ser juzgado por las mismas razones. En su momento, la legisla­dora Diana Maffía indicó que entre los jefes contratados por la Metro­politana "había seis comisarios procesados por protec­ción de prostíbulos".

Con el fiscal general de la Ciu­dad, Germán Garavano (partidario de reglamentar la prostitución y de­nunciado por privación ilegítima de la libertad en operativos de desalo­jo), nos fue imposible hablar, aun­que en su oficina nos proveyeron de media docena de teléfonos. La Agencia Gubernamental de Con­trol no respondió. La directora de la Mujer, Gloria Stegmann, fue muy cordial y entregó a Diario Z un do­cumento de 20 páginas con defi­niciones teóricas, copias de pro­tocolos internacionales y material asequible en internet pero ninguna respuesta concreta. Mientras los funcionarios inflan globos y repar­ten papelitos de colores, miles de mujeres y criaturas, desaparecidas en democracia, permanecen pri­sioneras, sometidas a horribles vejaciones, esperando que alguien las rescate. Amén.

Dónde recurrir

• Ufase 25 de Mayo 179 3º Piso 4331-2158 / 4331-2223 Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla .
• Ufisex. Lavalle 1171 Piso 7. 4382-6552 / 4331-5208.
• Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata 5300-4014 y 4042.
• División Trata de la Policía Federal: 4342-7352 y 4832-9116.
• Departamento de Trata de Gendarmería: 4310-2852.
• Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescente: 0800-222-1717.
• La Casa del Encuentro: Rivadavia 3917 4982-2550 15-5938-4357

DZ/km