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Bolivia: Movilizaciones en todo el país en repulsa por la actuación policial contra marcha indígena. Dimite el Ministro de Gobierno Imprimir E-mail
Miércoles, 28 de Septiembre de 2011 02:06

 

Kaos. Bolivia /Bòlpress, agencias y otras fuentes 

Sacha Llorenti renunció al cargo del Ministro de Gobierno, anunció hoy en conferencia de prensa.   Agregó que el presidente Evo Morales aceptó la dimisión.

"He tomado mi decisión porque no quiero convertirme en un instrumento de la derecha y la oposición que pretende atacar el proceso y dañar la imagen del Presidente".

El ahora exministro de Gobierno aseguró que decidió dar un paso al costado para que el "proceso revolucionario" no se entorpezca y avance.

Aseguró que no formó parte del proceso de transformación estructural que impulsa el Gobierno "para cuidar mi imagen personal. La gente sabe que estamos dispuestos a cualquier sacrificio por este proceso revolucionario".

Llorenti se aleja del cargo en medio de una polémica luego de la intervención y represión policíaca contra los indígenas marchistas en defensa del TIPNIS ocurridas el domingo pasado en la localidad de San Miguel de Chaparina (Beni). El lunes aseguró que el operativo contaba con el requerimiento fiscal y esta mañana dijo que ni él ni el Presidente fueron los que ordenaron el accionar policial. Agregó que quien autorizó la medida fue el entonces viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán, quien esta mañana también presentó su renuncia.

Llorenti aseguró que Farfán renunció a su cargo para poder someterse a una investigación por los hechos del domingo; sin embargo, el exviceministro dijo que no ordenó la intervención policíaca y que dimitió porque no estuvo de acuerdo con el procedimiento contra los marchistas indígenas.

Diversos sectores exigieron en los últimos días la renuncia de Llorenti.

Esta tarde en la conferencia de prensa, el ahora exministro aseguró que "la ciudadanía sabe que las autoridades tenemos defectos, cometemos errores, pueden haber errores, defectos, pero jamás habrá traiciones al proceso de revolución que vive el país".

"Yo voy a defenderme como un ciudadano, de manera humilde, en el llano, ante todas las calumnias y mentiras que se han  ido diciendo en los últimos días".



Escalada de protestas arrincona al gobierno de Evo Morales

 

(SENA-Fobomade y Bolpress).- El gobierno del Presidente Evo Morales enfrenta una escalada de protestas sociales sin precedentes luego de la violenta represión a la VIII Marcha Indígena. Este lunes renunció la Ministra de Defensa y se masificaron las movilizaciones ciudadanas en varias capitales del país. El Comité Cívico de Beni declaró paro indefinido; hubo un alzamiento popular en Rurrenabaque; se instalaron piquetes de huelga de hambre en Santa Cruz y Cochabamba; indígenas de Oruro iniciaron una segunda marcha hacia La Paz, y los indígenas reprimidos se reagrupan en San Borja para reanudar la caminata hacia la sede de gobierno.

La violenta intervención policial de la VIII Marcha Indígena el domingo 25 de septiembre terminó por romper los lazos que sujetaban la frágil alianza del gobierno del MAS con los pueblos indígenas de tierras bajas y una amplia gama de organizaciones sociales y activistas de clase media.

En la víspera, efectivos policiales rompieron la marcha indígena    a palazos, patadas y puñetes, y a estas horas recorren por el mundo    cientos de fotografías de originarios brutalmente golpeados,    maniatados y con cinta adhesiva en la boca. Según varios  observadores, la inhumana represión anti indígena marcó un punto  de inflexión en el denominado “proceso de cambio” y finalmente      desenmascaró al Presidente “indígena autoproclamado “defensor    de la Madre Tierra”.                 

“Este es un falso gobierno indígena, Evo Morales es un traidor  a su propia clase”, deploró el dirigente obrero de Oruro Jaime      Solares. La dirigente guaraní Justa Cabrera dijo que Evo se ha        convertido en el “capataz de las transnacionales” Petrobras,      Repsol, Total y Petroandina, y lo comparó con los caporales que           apaleaban a los indígenas esclavizados en las haciendas.

La indignación ciudadana se generaliza en las calles y en el  seno mismo del Poder Ejecutivo. Esta manaña presentó su renuncia    irrevocable la ministra de Defensa Cecilia Chacón y otras      autoridades como el viceministro de Minería Fredy Beltrán  expresaron su malestar por el violento operativo  policial de la  víspera. El Ministerio de Culturas, la o­nU Mujeres y la Coordinadora de la Mujer suspendieron elSeminario Internacional    Mujeres en Diálogo: Avanzando hacia la Despatriarcalización en  Bolivia que debía comenzar hoy con la participación de más de 400    intelectuales, líderes y activistas de América Latina, España y Bolivia.

La Defensoría del Pueblo, representantes de Naciones Unidas en    Bolivia, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y varias otras organizaciones de la sociedad civil también condenaron la brutal  represión ordenada por el gobierno de Morales.    La Fundación Solón y otras instituciones no gubernamentales  que no se habían pronunciado hasta ahora manifestaron su “profunda indignación por la violenta intervención a la Marcha Indígena en defensa del TIPNIS”, y consideraron que ha llegado la hora de    debatir amplia y democráticamente sobre el modelo de desarrollo que  desea el pueblo boliviano.     

Se masifican las protestas

Tras la violenta intervención del domingo, al menos 270  marchistas –entre ellos el diputado Pedro Nuni y los dirigentes  Celso Padilla y Fernando Vargas– fueron trasladados a la fuerza en 11 camionetas y tres buses hasta la localidad de Rurrenabaque, para      de allí embarcarlos en un vuelo comercial con rumbo a sus    poblaciones de origen.

Sin embargo, esta mañana indígenas tacanas y pobladores de Rurrenabaque tomaron el aeropuerto, encendieron fogatas en la pista,    impidieron el arribo y la partida de aviones, y finalmente lograron  liberar a los detenidos. El alzamiento popular rebasó a los  efectivos de la Policía y los obligó a replegarse, reconoció el    ministro de gobierno Sacha Llorenti.       

Mientras tanto en la capital Trinidad, el Comité Cívico de Beni  declaró al medio día paro general indefinido en todo el departamento. Las comunidades chimanes de La Cruz y Tacuaral de Beni masificaron los bloqueos en los ingresos a las ex concesiones forestales Bosques del Norte, Bolivian Mahogany y Fátima.

En el departamento de Pando, al menos mil originarios del municipio indígena de Blancaflor tomaron físicamente el aeródromo de la zona y bloquearon la carretera hacia Cobija. En Santa Cruz, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) instaló un piquete de ayuno en  Camiri y la vigilia ciudadana que se realizaba en la catedral de la  capital cruceña se convirtió en una huelga de hambre, al igual que la vigilia de Cochabamba.

En La Paz más gente se ha plegado a la vigilia instalada hace  siete días por mujeres indígenas de CONAMAQ, CIDOB y CPILAP en  puertas de la Catedral de San Francisco. Al momento participan en esa manifestación unas 400 personas, entre ellas la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Yolanda Herrera; el  secretario ejecutivo del Magisterio Urbano de La Paz José Luís  Álvarez; el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín; la socióloga Silvia Rivera y decenas de dirigentes de FEJUVE La Paz y El Alto.   

Esta mañana al menos cinco mil personas marcharon por el centro  de la ciudad de La Paz, en la movilización más grande registrada hasta la fecha en solidaridad con los indígenas maltratados por el  gobierno. “Evo, Sacha, el pueblo no se agacha”; “los niños no  se matan carajo”; “Evo decía que todo cambiaría, pero todo es  la misma porquería”; “Evo traidor te espera el paredón”;  “Evo malhecho, el bosque es un derecho”, gritaron los paceños de clase media.       

En las movilizaciones registradas este lunes en La Paz, Riberalta  y Tarija los ciudadanos exigieron la renuncia de los ministros de Gobierno y de la Presidencia Carlos Romero por su probada ineptidud,  y algunos pidieron la renuncia del propio Presidente “traidor del  proceso de cambio”.

 Entre tanto, la Iglesia Católica convocó a una vigilia este martes para orar por la paz y el diálogo. En Oruro, delegados de los ayllus de Kara Kara iniciarían hoy una marcha hacia la ciudad de La Paz. Por su parte, la Central  Obrera Boliviana (COB) confirmó el paro nacional convocando para el 28 de septiembre en apoyo a los indígenas reprimidos.

Los indígenas reprimidos el domingo en proximidades de Yucumo se reagrupan en la ciudad de San Borja para reanudar la VIII Marcha Indígena en cualquier momento, con más fuerza y con la  participación de mucha más gente.


COD potosina se moviliza para demandar referendo revocatorio de Evo y Álvaro

Erbol

La Central Obrera Departamental (COD) de Potosí anunció que pedirán la revocatoria del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y la destitución del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, tras la represión policial a los marchistas por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el pasado fin de semana.

El dirigente de la organización, Jorge Solares, manifestó que su sector decidió pedir la revocatoria de ambas autoridades y “el respaldo total a los marchistas por el TIPNIS” en el paro de mañana miércoles dispuesto por la Central Obrera Boliviana (COB), reportó radio Aclo de Erbol.

En la resolución señala que piden la revocatoria de mandato del presidente Morales, vicepresidente García y la destitución inmediata del ministro Llorenti. Además, exigen a todos los trabajadores del país a “dar el voto castigo” el próximo 16 de octubre en las elecciones judiciales.

La organización potosina rechazó y fustigó la “actitud criminal del (partido) Movimiento Al Socialismo” por la represión policial a las mujeres, niños y ancianos marchistas en la localidad del puente San Lorenzo, provincia Ballivián del departamento de Beni, con varios heridos y desaparecidos.


Universidades se movilizarán en apoyo a los marchistas del TIPNIS

Erbol

Las universidades de todo el país se movilizarán este miércoles en apoyo a los marchistas del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y se convocará a la población a plegarse a este llamado en defensa del medio ambiente.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reimi Ferreira, informó que en una reunión nacional de rectores de universidades públicas se determinó por unanimidad convocar una gran movilización ciudadana.

Ferreira lamentó lo ocurrido en la represión policial contra los marchistas indígenas, “puesto que ni en gobiernos neoliberales se vio este tipo de reprimenda contra una movilización pacífica de los pueblos originarios de tierras bajas”.

Por su lado, Eduardo Gutiérrez, presidente de Confederación de Universidades Públicas de Bolivia, manifestó que se plegarán a la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) de tal manera que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados.

“Nos vamos a plegar a la defensa de nuestro medio ambiente, de los recursos naturales y fundamentalmente de los pulmones que tiene nuestro país, para garantizar el futuro de nuestra juventud y niñez”, afirmó.


Evo quiere definir la vida y el futuro de los indígenas del TIPNIS en una “consulta popular”

Bolpress

El gobierno desempolva leyes y decretos de la UDP, MIR y MNR para justificar la construcción de la carretera sin permiso de los pueblos originarios

El Presidente Evo Morales decidió suspender la construcción de la carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) hasta que el pueblo boliviano, especialmente los habitantes de Cochabamba y Beni, se pronuncien si están de acuerdo o no con ese proyecto carretero en una "consulta popular".

Notoriamente apesadumbrado por la escalada de protestas sociales que acorralan a su gobierno, el Presidente Morales anunció anoche en un mensaje a la nación que suspenderá el proyecto carretero a través del TIPNIS, tal y como le había recomendado la representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia Yoriko Yasukawa el 22 de septiembre,

El Presidente explicó que decidió construir el camino Villa  Tunari – San Ignacio de Moxos a través del TIPNIS, en cumplimiento de normas y leyes de gobiernos neoliberales, y  atendiendo los pedidos de varias poblaciones y movimientos sociales  de Cochabamba y Beni, los dos departamentos beneficiados por el proyecto vial.       

Morales recordó que una ley promulgada en 1984 por el gobierno de la Unión Democrática y Popular (UDP) del populista Hernán Siles Suazo declaró de prioridad y urgencia nacional la construcción de la carretera de vinculación entre Cochabamba y  Beni.

Según el Presidente, una segunda Ley promulgada por el gobierno  de Jaime Paz Zamora en 1990 autorizó al Poder Ejecutivo gestionar de urgencia financiamiento para realizar los estudios de  factibilidad de la obra. Luego, el decreto supremo 2696 del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada incluyó en la red fundamental de carreteras el tramo Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.         

Por otro lado, Morales aseguró que más de 100 movimientos sociales de Cochabamba y Beni aprobaron por lo menos 56 resoluciones que respaldan la construcción de la carretera cuestionada por los   indígenas del TIPNIS. Morales leyó un pronunciamiento aprobado por varias comunidades en la localidad de San Antonio (entre ellas Limorel, Isiboro, Puerto Pancho, Cesaizama, San Benito, San Juan de  Isiboro, Sanandita, Buen Pastor, San José, Santa Teresa y Santisima  Trinidad, entre otras), el cual supuestamente ratifica el apoyo indígena a la construcción de la carretera.         

Evo aseguró que en esa “consulta pública” no reconocida por  la VIII Marcha Indígena algunos corregidores le pidieron continuar   con las obras, pero no pudo recordar sus nombres. Además, reveló  que su gobierno inició un proceso de consulta con el consejo indígena del Conisur, una organización apócrifa desconocida por las agrupaciones indígenas del TIPNIS.        

Morales reiteró que decidió construir “sí o sí” la  carretera que atraviesa el TIPNIS en cumplimiento de normas y leyes heredadas por los gobiernos neoliberales del MIR y del MNR, y con el respaldo de “muchos movimientos sociales” de Beni y Cochabamba.

“Garantizamos el financiamiento internacional para construir el camino y el gobierno decidió construir solo atendiendo las normas y a los tantos pedidos; pensé que proyectamos la construcción obedeciendo al pueblo, pero si no es suficiente, que el pueblo decida”, planteó Evo Morales.

“Quiero salvar una responsabilidad ante la historia y el pueblo  boliviano: que haya debate nacional para que decidan el pueblo boliviano y especialmente los habitantes los dos departamentos   beneficiados; mientras tanto, queda suspendido el proyecto de carretera del Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure”, confirmó el Presidente boliviano.

La propuesta de Morales no es nueva; el fin de semana el ministro de la Presidencia Carlos Romero ratificó que no se ejecutarán  obras en el segundo tramo de la carretera, y anunció que el  gobierno organizará un referéndum “para que no decidan el  gobierno, las o­nGs, los políticos y los activistas que impulsan la   movilización (indígena), sino el pueblo beniano y cochabambino”.

“Es admirable la falta de principios y de profesionalidad de   Carlos Romero; buen abogado nunca ha sido, pero no se necesita serlo  para saber que los derechos constitucionales de los pueblos  indígenas no pueden ser sometidos a referéndum”, replicó el ex  viceministro de Tierras Alejandro Almaraz. (Erbol)          

         

El artículo 30 de la Constitución establece que los pueblos  indígenas tienen derecho a “ser consultados mediante  procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o  administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se   respetará y garantizará el derecho a la consulta previa   obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada…”.          

El artículo 352 precisa que la consulta libre, previa e   informada se hará a la “población afectada”, “respetando sus   normas y procedimientos propios”. Eso significa que ninguna   población ajena puede decidir sobre el futuro del territorio  indígena en disputa, y por tanto la propuesta del gobierno de Evo Morales es anticonstitucional.        

El gobierno se lava las manos

Evo Morales deslindó responsabilidades sobre la violenta  represión policial del domingo y aseguró que “nunca” ordenó la intervención de la VIII Marcha Indígena. “Lo de ayer es   imperdonable… No comparto, no compartimos una violencia, un  exceso, un abuso a los hermanos indígenas que estaban en la marcha, pero también nos preguntamos si esa marcha pasaba (el bloqueo colonizador en el puente San Lorenzo) qué hubiera habido con la   otra gente movilizada en Yucumo”, reflexionó el Presidente.

Morales dijo que “después de profundas investigaciones” su  gobierno no ha confirmado la muerte de un bebé en el operativo, tal  y como informaron varios de comunicación. “Quisiera que quienes  informan del bebé fallecido nos den el nombre de la víctima o del   papá y la mamá; ojalá no haya pasado eso, pero hasta ahora no  tenemos ninguna información… si está fallecido, ¿dónde está velándose, dónde está enterrado y cómo se llama?”, preguntó  el Mandatario.        

“Algunos medios de comunicación también informaron de la  muerte de un anciano, quisiera que nos pasen la lista para hacernos   responsables”, insistió Morales.        

El ministro de Gobierno Sacha Llorenti comunicó que las   autoridades a cargo comenzaron a “individualizar a los efectivos  policiales que incurrieron en abusos durante la evacuación de los  marchistas en el Puente de San Lorenzo (y) una vez identificados los  responsables que hicieron uso excesivo de la fuerza, éstos serán sancionados de acuerdo a disposiciones vigentes”.


Ministro Llorenti dice que un viceministro tomó la decisión de reprimir a los indígenas

Erbol

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, responsabilizó al viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, de la violenta represión a los marchistas indígenas el pasado domingo en San Lorenzo, a unos kilómetros de la población de Yucumo, provincia Ballivián del departamento del Beni.

El funcionario, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, informó que el viceministro Farfán presentó su renuncia para facilitar la investigación de una comisión especial que estará integrada por representantes de organismos nacionales e internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos.

“Fue una decisión que se lo tomó en ese lugar, por el informe que tenemos lo ha tomado el viceministro Farfán a sugerencia de algunos mando policiales, nosotros nos enteramos cuando ya estaba en curso el operativo”, señaló.

Llorenti indicó que la autoridad cesante tomó la decisión de intervenir la marcha en base a un asesoramiento de “malos” mandos policiales, de los que dijo serán investigados para ser sancionados por los excesos cometidos en contra de los indígenas que marchaban de forma pacífica en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

“En las próximas horas daremos a conocer las primeras nóminas de policías individualizados como responsables de las agresiones injustificadas que han sufrido varias personas, cómo no nos va llegar en el alma las imágenes que hemos visto” señaló en una postura de aflicción.

Deslindó toda responsabilidad del presidente Evo Morales y su persona en la represión violenta a los marchistas indígenas; sin embargo, no supo responder por qué no dieron la contraorden a los policías al enterarse de los lamentables sucesos del domingo y que se extendieron hasta ayer con el rescate de los detenidos por parte de pobladores de Rurrenabaque e indígenas Tacana.

Policías interceptaron violentamente el pasado domingo a la columna de marchistas que pernoctaban en la comunidad de Chaparina, próxima a Yucumo. En el operativo los indígenas sufrieron agresiones físicas, vejámenes y fueron trasladados en buses con rumbo desconocido.

Ayer el Ministerio Público desmintió al gobierno sobre la supuesta existencia de una orden fiscal para el operativo. El Fiscal General Mario Uribe dijo que desconocía dicho documento y el fiscal de materia, Edwin Sarmiento.

Conformación de la Comisión

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, en la misma conferencia de prensa, hizo una convocatoria pública para la conformación e integración de la comisión que investigará los hechos luctuosos del domingo pasado.

Para la conformación de la comisión, el gobierno -dijo- está cursando una invitación oficial a la Organización de Naciones Unidas, al Defensor del Pueblo, y de parte del gobierno participará la ministra de Transparencia, Nardi Suxo.


El gobierno y la CSUTCB planean recortar las TCOs indígenas

Bolpress

La Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria tiene los días contados, confirmó el Presidente Morales, y pidió a los dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) que redacten rápido una ley de tierras alternativa. El objetivo es acabar con el “latifundio” y redistribuir la tierra, aseguraron Evo y los campesinos del MAS.

El secretario ejecutivo de la CSUTCB Roberto Coraite propuso al Presidente elaborar una nueva normativa agraria en reemplazo la “obsoleta” y “discriminatoria” Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de 1996, modificada en 2006 por Ley de Reconducción comunitaria.

"Necesitamos sustituir la ley actual que definitivamente no ha  solucionado los problemas de nuestros hermanos campesinos; y que se  ha ido al extremo al favorecer a pequeños grupos (indígenas) que detentan inmensas extensiones mientras que la mayoría de los campesinos estamos en ínfimas extensiones de tierra”, planteó Coarite públicamente durante la promulgación de dos reglamentos de la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria.         

“Estoy muy de acuerdo, contento con esta propuesta. Esa Ley  será para terminar con los latifundistas”, respondió el  Presidente en el acto celebrado en el estadio de Villa Tunari, y  pidió a los dirigentes campesinos que se “amanezcan” trabajando  en la nueva norma, siguiendo el ejemplo de los ministros de su gabinete.

La CSUTCB redactará un borrador en el plazo de un mes, para que   el 12 de octubre de este año se promulgue una nueva ley que  garantice el saneamiento y la redistribución equitativa de tierra.         

Los objetivos prioritarios del gremio campesino son “evitar el  minifundio y surcofundio que afecta negativamente, en especial al  campesinado del sector del altiplano”, y sobre todo revisar y    redefinir los límites de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)  que se han convertido en los nuevos “latifundios”.        

Los burócratas de la CSUTCB y de la Confederación Nacional de  Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa consideran    que la política agraria vigente “privilegió” a los pueblos  originarios y creó un nuevo tipo de “latifundio indígena” en   las tierras bajas del país.         

Unos cuantos indígenas “concentran miles hectáreas”,  denuncian los legisladores campesinos Fidel Surco e Isaac Ávalos.  Dicen que su único objetivo es democratizar el acceso a la tierra,    aunque su verdadero propósito es recortar los territorios de  propiedad colectiva, y redistribuirlos como propiedades individuales  que se puedan heredar, comercializar e hipotecar.

Proponen censar a los indígenas, cuantificar sus verdaderas necesidades territoriales, y redistribuir equitativamente las tierras “excesivas” de TCOs ya tituladas y consolidadas por el  propio Presidente Morales.

"Estamos pidiendo una revisión de las TCO para saber si  justifica o no justifica la cantidad de tierras que tienen; y si no  se justifica quiere decir que tenemos nuevamente tierras ociosas en Bolivia”, explicó el secretario de Tierra y Territorio de la CSUTCB Dionisio Cabrera (Erbol).

Los dueños de las TCOs actuales tendrán que demostrar que  administran bien y protegen su territorio; de lo contrario, sus  tierras serán expropiadas.

El ex viceministro Almaraz acusó al senador Isaac Ávalos y a círculos de la dirigencia campesina de promover la modificación de  la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria para convertirla en “Ley de Reconducción Individual”, y de esta forma facilitar la mercantilización de la tierra.


Bolivia convoca a o­nU para investigar violencia policial contra indígenas marchistas

    FM Bolivia- El gobierno del presidente Evo Morales convocó el martes a la Organización de Naciones Unidas a integrar una comisión internacional que investigará los excesos policiales en la intervención el domingo a una marcha de indígenas en rechazo a la construcción de una vía, en conjuntamente una representante oficial y la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

"Estamos cursando una comunicación formal a Naciones Unidas a fin de que pueda delegar una representación, al Defensor del Pueblo que sea él que también participe de esta comisión de investigación", a cuyos miembros convocó el miércoles a las 10h30, lo más probable en el Palacio Quemado de La Paz.

La comisión debe investigar quién o quiénes ordenaron los procedimientos bárbaros que utilizó la Policía con los indígenas marchistas, a los que dispensó trato ni siquiera reservado a criminales avezados.

Romero afirmó que el Gobierno delegó a la ministra anticorrupción, Nardy Suxo, como su cuota parte en la Comisión.

El Ministro, que proclamó al Gobierno como "el primer interesado" en que se esclarezca el origen y los promotores de la espiral de violencia inusitada desatada el domingo cerca de Yucumo, otorgó plenas garantías para el trabajo de la comisión.

"De parte del Gobierno nacional todas las garantías y el acceso irrestricto a todos los medios de información, a los medios de prueba y a los indicios que puedan existir en todos estos hechos violentos en torno a quién dio la instrucción, en qué circunstancias se produjo la intervención y las responsabilidades individuales de quiénes cometieron los excesos", afirmó el Ministro de la Presidencia.

La violencia policial fue ordenada por el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, que se encontraba en el lugar.

  Farfán renunció este mismo martes a su cargo para someterse a una investigación.


Farfán desmiente a Llorenti y dice que no autorizó intervención

(La razón) Marcos Farfán aseguró que no ordenó la intervención policial a la marcha indígena, el domingo pasado en la localidad de San Miguel de Chaparina (Beni). Así lo hizo conocer en su carta de renuncia al cargo de Viceministro de Régimen Interior enviada el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien esta mañana aseguró que la saliente autoridad fue quien dio la orden.

"Expreso mi desacuerdo pleno con la forma en que se procedió a la intervención de la marcha indígena en Yucumo, que ha respondido a una decisión operativa y no así, proveniente del Órgano Ejecutivo  y ni de mi persona como parte del mismo", informa en su carta.

Esta mañana   en conferencia de prensa, Llorenti aseguró que ni él ni el presidente Evo Morales ordenaron la intervención policial a la marcha indígena   y dijo que fue el Viceministro quien lo había hecho.

Agregó que Farfán renunció a su cargo para ser investigado por estos hechos.

En la conferencia, Llorenti condenó la represión policiaca e insistió en varias oportunidades que ni él ni Morales fueron los que orrdenaron   la intervención.

"Se condena sin restricciones a cualquier abuso, a cualquier exceso, queremos informar a la opinión pública y reiterar que ese operativo que se llevó adelante en proximidades de Yucumo el domingo no contó con la instrucción del presidente del Estado ni tampoco contó con la orden o autorización del ministro de Gobierno. Fue una decisión que se la tomó en ese lugar, que con el informe que tenemos la ha tomado el viceministro Farfán a sugerencia de algunos mandos policiales".

"Hay un tema que hay que dejar muy en claro. Existe un requerimiento fiscal sobre este tema (...) y segundo, creemos que es importante señalar que más allá de que si hubiera dado una orden, ninguna instrucción de esta naturaleza puede justificar los abusos, los atropellos".

Agregó que en los próximos días se conocerán los nombres de los primeros policías  que cometieron abusos contra los indígenas.

El domingo la Policia reprimió y detuvo a los marchistas. Imágenes de televisión mostraron cómo los uniformados golpearon, maniataron y, en algunos casos, colocaron cinta adhesiva en las bocas de los indígenas.



Renuncian el Viceministro de Régimen Interior y la Directora de Migración

(Bolpress) El lunes renunció la ministra de Defensa Cecilia Chacón y este martes dimitieron el viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán y la directora nacional de Migración María René Quiroga, en solidaridad con las familias indígenas brutalmente reprimidas por la Policía el domingo pasado.

“Compañero presidente Evo Morales Ayma, presento ante su distinguida investidura mi renuncia irrevocable al cargo de Ministra de la Cartera de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia. Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender o justificar la misma, en tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo, respeto a los derechos humanos, no violencia y defensa de la Madre Tierra”, justificó la ex ministra Chacón en su carta de renuncia.

Este martes presentaron sus cartas de renuncia el ex viceministro de Régimen Interior y la ex directora de Migración. María René Quiroga comunicó su decisión de alejarse del cargo “como un acto de solidaridad con mujeres, varones y niños indígenas que sufrieron ultrajes…”. Explicó que su dimisión “significa que los valores que guían mi vida al servicio de pobres y desfavorecidos son incompatibles con acciones de fuerza y cuyas consecuencias son aprovechadas luego por la derecha para atacar a nuestro presidente Evo Morales”-

Quiroga reveló que el 1 de agosto renunció a su cargo debido a problemas de salud. “Sobreponiéndome a mi enfermedad he seguido en el puesto del trabajo, pero los incidentes suscitados el pasado domingo en las cercanías de Yucumo, hacen que me aleje del puesto”, precisó la ex autoridad.

Por otro lado, el ex viceministro Farfán presentó su carta de renuncia al ministro de Gobierno Sacha Llorenti expresando su “desacuerdo pleno con la forma en que se procedió a la intervención de la marcha indígena en Yucumo, que ha respondido a una decisión operativa y no así, proveniente del Órgano Ejecutivo y ni de mi persona como parte del mismo”. De esta manera, Farfán desmintió al ministro Llorenti, quien lo acusó de haber ordenado la represión policial a la VIII Marcha Indígena el 25 de septiembre en proximidades de la población de Yucumo, departamento de Beni.

Organizaciones sociales y redes de activistas saludaron el lunes la decisión de la ex ministra Chacón, con la esperanza de que otros burócratas sigan su ejemplo. Este martes el grupo feminista Mujeres Creando recomendó a las mujeres probas que integran el Poder Ejecutivo a renunciar a sus cargos.

Las feministas y otros activistas de la sociedad civil no esperan demasiado de autoridades serviles como la ministras anticorrupción Nardy Suxo y de Desarrollo Productivo Teresa Morales, pero no se explican por qué no se pronuncian hasta ahora la ministra de Autonomías Claudia Peña y la diputada masista Alicia Tejada, ambas ex activistas del colectivo “progresista” Santa Cruz somos Todos.

 
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