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Argentina: Pueden ser medidas positivas o de ajuste, pero son punto de inflexión Imprimir E-mail
Martes, 22 de Noviembre de 2011 00:45

Emilio Marín / La Arena

¿La poda de subsidios afectará a barrios de gente rica o también afectará a hogares de clase media y baja? Sólo el tiempo, no mucho, irá develando la incógnita. Es obvio que las cosas ya no serán como antes.

Pasadas las elecciones, hubo dos anuncios oficiales sobre cese de subsidios del Estado que antes favorecían a ciertas empresas y personas.

¿Por qué los ministros Amado Boudou y Julio de Vido aguardaron a la primera semana de noviembre para hacer la primera conferencia de prensa sobre el asunto? La pregunta tiene una respuesta unívoca: la presidenta quería que la gente votase y luego darle lo que pueden ser malas noticias o al menos regulares, según se evalúe. Si éstas se hubieran difundido antes del 23 de octubre no habrían cambiado la victoria de la presidenta, pero su cosecha no habría sido del 54 por ciento. En franjas de clase rica y de clase media, los anuncios ministeriales habrían raleado unos cuantos votos…

En esa primera rueda de prensa, los ministros informaron del cese de subsidios a aeropuertos, casinos, telefonía celular, industria petrolera y minera, entre otras industrias y servicios. Si bien el ahorro no era muy grande, alrededor de 600 millones de pesos anuales, el noticia fue bien recibido por la población. Cabría preguntar al gobierno por qué tardó tantos años en darse cuenta que esas actividades privadas de carácter monopólico no debían beneficiarse con el aporte estatal. Tanta negativa del PEN a subir el monto de la asignación universal y de los planes sociales y resulta que el Estado parecía bobo ayudando a los pesos pesados de la economía.

En una segunda conferencia con los medios, la dupla ministerial comunicó otro paquete de eliminación de subsidios. Estaba referido a las tarifas de agua, luz y gas de industrias y comercios de mediano y gran porte, y para clientes residenciales en áreas VIP de la Capital Federal como Puerto Madero y Las Cañitas, más los countries del gran Buenos Aires y el resto del país.

En este caso el ahorro será de alrededor de 4.000 millones de pesos anuales, un monto más significativo para el presupuesto nacional. Este aún no ha sido considerado en el recinto y hasta puede que en sus detalles pase para al debate a la Cámara con su nueva composición, luego del 10 de diciembre.

¿Esa afectación es buena o mala desde el punto de vista de los intereses nacionales? En principio luce como buena que los más pudientes paguen más por luz, gas y agua. Por caso, no es justo ni equitativo que los argentinos de varias provincias sin gas natural terminen subsidiando el consumo en esos barrios del segmento ABC1, léase la crema de la sociedad.

Pero allí mismo hay un problema. La quita de subsidios ha sido saludada por intereses contrapuestos y contradictorios: la Asamblea Empresaria “Argentina” (AEA) y Mauricio Macri, por un lado, y la CGT de Hugo Moyano, por el otro. Todo ese espectro, que en la mayoría de los temas difieren radicalmente, en este punto aplaudió como si fueran hinchas del mismo club.

¿Cuál es el límite?

La instrumentación del cese de subsidios todavía tiene muchas áreas difusas o directamente a oscuras. Sí se sabe que los clientes residenciales deberán contestar un cuestionario y, en tal caso, pedir la continuidad del subsidio. Quienes no lo contesten serán considerados como que acuerdan con la eliminación del beneficio.

El gobierno se reserva el derecho de cruzar datos del cliente con la AFIP para verificar si la situación patrimonial de la persona amerita que siga gozando de una menor tarifa. Esto ha despertado críticas injustas de algunos sectores del periodismo sobre una presunta “intromisión” del Estado en sus vidas privadas (“el estalinismo”, diría el diario “La Nación”).

La pregunta del millón, que en este momento no tiene una respuesta clara, es: ¿cuál será el límite del cese del subsidio? ¿Hasta dónde llegará la tijera y cuál será el universo de los afectados?

En esto el gobierno abre el paraguas antes que llueva y dice que “técnicamente hablando” la tarifa de esos servicios será la misma, “sólo” que se interrumpirán los subsidios del Estado. Pero eso es, en el mejor de los casos, un formalismo administrativo y en el peor una confesión implícita de que puede haber en los hechos un sensible aumento de la boleta a pagar. Y muchos de esos hogares están muy lejos de Puerto Madero y Las Cañitas.

Carentes de ese subsidio, de aquí en más, las empresas pueden derivar sus mayores costos sobre los usuarios. Elemental Watson. Y sobre todo en un país donde todos esos servicios están privatizados, menos el agua de AySA de Buenos Aires.

A lo sumo la duda es saber si las facturas vendrán con un 100, 200 o más por ciento de aumento para barrios residenciales de clase media, y cuándo se producirá esa suba. Pero que esto se viene, parece que se viene.

Consciente del problema político, la presidenta aludió al tema en su intervención en San Pedro, en oportunidad de conmemorarse el 166° aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado. "Yo les pido a los argentinos que hagamos un esfuerzo para comprender el momento que viven el país y el mundo", pidió.

Suena un poco raro que Cristina Fernández solicite apoyo a la población cuando no ha pasado un mes desde que concitó tamaña votación. Millones de argentinos, entre quienes la votaron y los que no, podrían renovarle o darle su apoyo, pero con una condición política insoslayable. Ella debería precisar el alcance del ajuste y delimitar con carácter de promesa solemne que el mismo no irá más allá de las clases altas y enriquecidas. Si es así tendrá razón la CGT en el apoyo brindado. Si el bisturí corta más abajo, tendrán motivos para festejar los monopolios de AEA y UIA. Los dos bloques sociales tan diferentes, no pueden tener razón al mismo tiempo…

El boicot

La polémica sobre subsidios estatales pone el tapete en forma indubitable que el fisco necesita ahorrar dinero y recaudar más. El problema es a quién ajustar y de dónde obtener mayores ingresos. Como el gobierno nacional fracasó en 2008 con su resolución 125 para que los sojeros pagaran más retenciones, es remiso a tomar iniciativas sobre capas sociales con rentabilidad extraordinaria.

En forma extraoficial, un sector del Ejecutivo había pensado limitar las remesas de dividendos de las empresas extranjeras. Es una buena idea, toda vez que esas firmas se apropian del grueso de las ganancias entre las primeras 500 grandes empresas y remiten buena parte de aquéllas hacia sus casas matrices, necesitadas de dólares por la crisis mundial.

Pero otro segmento del oficialismo no comulga con poner límites a las remesas, ganado por el temor de que eso sea considerado “ilegal” por las multinacionales. Este bando oficialista conciliador alega que hay decenas de tratados de protección de las inversiones extranjeras que impedirían adoptar esas políticas restrictivas.

Estos últimos quieren dejar las cosas como están pese a que el año cerrará con una fuga de capitales superior a los 20.000 millones de dólares. Son partidarios de profundizar la buena relación con la administración Obama. Quieren pagar los 250 millones de dólares por los fallos del Ciadi (Banco Mundial) en los casos Azurix y Blueridge, además de buscar un arreglo con el Club de París por una deuda dei 8.900 millones de dólares.

Por sus discursos y sus declaraciones antes y después de la reunión con Obama en Cannes, pareciera que la presidenta se inclinaría por la segunda opción, más conciliadora con las multis. Sus discursos en las fábricas de General Motors, cerca de Rosario, y en la de Peugeot-Citroën de Buenos Aires, son indicativos de esa tendencia a buscar atajos frente a la crisis tomados de la mano del capital extranjero.

Al menos en esas dos ocasiones sus admoniciones contra “el boicot” que sufriría su modelo no se encaminaron sólo contra la parte sindical, como había hecho desde la planta de Newsan, en Tierra del Fuego. Ahora también requirió un mejor comportamiento a los empresarios y “a todos los que tienen responsabilidades”.

Entonces la pontificación pareció más equilibrada, perdiendo parte de su filo más agresivo contra los gremios, al calor del problema suscitado en Aerolíneas Argentinas. De todas maneras, con el pedido de quite de la personería al gremio aeronáutico APTA por sus demoras en los vuelos del viernes 11, el tirón de orejas presidencial más fuerte fue para el sindicalismo y no para los empresarios.

Tal medida antisindical parece desproporcionada. Los que fugaron 20.000 millones de dólares este año no son por supuesto los gremios, ni siquiera los criticables dirigentes como Ricardo Cirielli. El enemigo principal está en otra parte y la jefa de Estado no lo visualiza como tal al disparar a discreción en varias direcciones.

Parte de esos enemigos son los pistoleros y sojeros que el 16 de noviembre asesinaron al militante del MOCASE de Santiago del Estero, Cristian Ferreyra. En esa provincia ganó antes con el 80 por ciento el radical K Gerardo Zamora y con porcentaje similar CFK en octubre. ¿Será mucho pedirles que tomen medidas para que este crimen sea castigado y no se repita? Esa muerte no fue “boicot” sino lisa y llanamente un crimen político, como los anteriores en territorios K (Formosa, Jujuy, Río Negro y Buenos Aires).

 
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