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Argentina: La Corte Suprema debió aclarar el alcance real de la norma Imprimir E-mail
Miércoles, 21 de Marzo de 2012 20:39

 

Irina Santesteban / LA ARENA

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, referido a la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando es fruto de una violación, ha puesto las cosas en su lugar, respecto a una norma que tiene noventa años.

La semana pasada, elogiábamos el discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, por su claro contenido progresista, y porque ponía en la agenda pública el modelo de justicia que intenta implantar ese tribunal en nuestro país. Una justicia más cercana a los intereses de los ciudadanos, más igualitaria, y que escuche a los sectores más vulnerables de la sociedad, dijo Lorenzetti.

Esa misma semana se conoció el fallo dictado por la CSJ, en el caso de una adolescente de 15 años de Comodoro Rivadavia, Chubut, abusada por su padrastro y que habiendo quedado embarazada fruto de esas violaciones, solicitó autorización al Poder Judicial para interrumpirlo. Frente a la negativa de la Cámara de Apelaciones de esa provincia, que no autorizó el aborto, intervino el Tribunal Superior de Justicia de Chubut y resolvió que el caso encuadraba dentro de las previsiones del artículo 86, inciso 2º del Código Penal, como "aborto no punible" y autorizó la operación. La sentencia fue apelada y llegó a la Corte Suprema, que dos años después de sucedidos los hechos, resolvió más para el futuro que para el caso concreto, pues la causa ya había devenido abstracta porque a la joven le fue practicado el aborto.

Sentencia

Así, la sentencia de la Corte establece claramente que el artículo 86, inciso 2º, se refiere a todos los embarazos fruto de cualquier violación, sin importar si la mujer violada es "idiota o demente", como establece el Código Penal en el lenguaje de aquella época.

Y también dice que no hace falta haber efectuado una denuncia policial o judicial, sobre la violación, sino que con una declaración jurada efectuada en el mismo hospital donde se solicita la interrupción del embarazo, es suficiente.

Los detractores de este fallo, aducen que entonces cualquier mujer que quiera practicarse un aborto, firmará una declaración en tal sentido. La Corte Suprema prefirió tomar un criterio amplio, para permitir que cualquier mujer violada, que no haya realizado denuncia por pudor o por temor, y luego descubra que está embarazada porque no supo o no pudo tener acceso a los métodos que permiten abortar en los tres días siguientes al acceso carnal ("píldora del día después"), pueda acceder a interrumpir su gestación, sin tener que pasar por la doble victimización que significa la denuncia policial y la posterior investigación judicial.

La Corte no legisla

El presidente de la Corte Suprema debió salir a aclarar los alcances del fallo porque generó mucha polémica, y obviamente una fuerte oposición en los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, que se oponen a toda interrupción del embarazo, incluso la que el Código Penal permite desde 1921.

Dijo Lorenzetti: "No hemos hablado de legalizar el aborto, porque no es nuestra atribución", sino que "se aclaró una cuestión que había que aclarar y decir las cosas como son, más si el Código Penal prevé la solución".

El magistrado aclaró que el fallo de la Corte no ha modificado ni la regla ni la excepción que rige en materia de aborto, sino que simplemente se determinó que a una de las excepciones (relativas a la no punibilidad del aborto), se la venía aplicando de manera restrictiva.

Lorenzetti dejó claro que el aborto está prohibido por el ordenamiento jurídico argentino y que sólo una ley del Congreso podría cambiar esta regla. Y afirmó que la sentencia de la Corte "se limitó a resolver una cuestión prevista por el Código Penal desde los años 20 (del siglo pasado), relacionada con la no punibilidad del aborto practicado a una mujer víctima de una violación".

Para el presidente del máximo tribunal del país "era una cuestión que había que aclarar y ser valientes y decir las cosas como son", y por ello consideró que la mayoría de la población y de las opiniones han sido favorables a esa decisión.

Protocolos

Aunque el fallo de la Corte es para el caso concreto, el prestigio del Supremo Tribunal de nuestro país, y la solidez de los argumentos vertidos en la resolución, hacen suponer que obligarán a las autoridades de los ministerios de Salud, tanto de la Nación como de las provincias, a actualizar los protocolos respecto a cómo actuar en los casos en que se solicite un aborto en caso de violación.

Aunque el Ministerio de Salud de la Nación tiene una Guía para Abortos no Punibles, que fuera aprobada en la época que dirigía esa cartera el ministro Ginés González García, dicho instrumento fue tan criticado y denostado por la Iglesia y los sectores antiabortistas, que en muchas provincias no se aplica.

Así, no es de extrañar que la mayoría de los casos en que los médicos se niegan a realizar la operación si previamente no se obtiene una autorización judicial, con argumentos de neto corte religioso, más que jurídicos, se hayan dado en aquellas provincias donde los ministerios de Salud no aplican ese protocolo.

Desafortunados

En el mes de enero de este año, se conoció en Entre Ríos el caso de una niña de 11 años, embarazada, cuya madre solicitó que se le practicara un aborto pero su petición fue judicializada, porque ni los médicos ni los jueces aplicaron el artículo 86, inciso 2º del Código Penal, tal como ahora lo ha dispuesto la Corte Suprema. Finalmente esa niña, que no tenía ni el físico ni la madurez para soportar un embarazo, fue obligada a continuar con el mismo. Lamentables fueron en esa oportunidad las declaraciones del ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, quien opinó que "toda mujer que menstruaba podía ser madre", generando una ola de rechazos por semejante desconocimiento de la maternidad y de las condiciones físicas y psíquicas que hacen falta para afrontarla, inaceptables para quien dirige las políticas sanitarias en esa provincia.

No se ha quedado atrás el ministro de Salud de Corrientes, quien frente a otro caso similar en esa provincia, intentó explicar los embarazos adolescentes, en la intención de las jóvenes de percibir la Asignación Universal por Hijo, a la que definió como "un premio por la maternidad". Para este funcionario, pareciera que no existen los abusos y violaciones a niñas y adolescentes, ni los embarazos no deseados. Tales declaraciones han sido repudiadas por numerosas organizaciones correntinas que han anunciado que le iniciarán juicio político.

Caso pampeano

Pero si hablamos de funcionarios que han actuado de manera contraria a lo que ahora dispone la Corte Suprema para los casos de abortos no punibles, el gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge, se lleva el máximo premio.

En diciembre de 2007, apenas asumido, Jorge cedió a las presiones de la Iglesia católica y de los sectores conservadores mal llamados "pro-vida", y vetó la ley 2394, que reglamentaba los Abortos No Punibles, que había sido votada en la Legislatura pampeana, por una mayoría de 18 votos contra 5. La iniciativa había sido presentada por el legislador socialista Adrián Peppino, y tenía un amplio consenso en la población.

El gobernador Jorge, en los fundamentos de su veto, argumentó que la ley 2394 "contradecía la legislación de fondo", esto es, el propio Código Penal.

Ahora, una Corte Suprema integrada por prestigiosos juristas, les da la razón a los legisladores pampeanos que votaron esa correcta reglamentación de los abortos no punibles y deja muy mal parado al primer mandatario, respecto a sus consideraciones sobre el "derecho de fondo".

Jueces provinciales

Resta ahora que las provincias tomen en sus manos la tarea de confeccionar los protocolos necesarios para que el servicio público de salud pueda cumplir con lo que la sentencia de la Corte ha establecido. Si esto no sucede y los médicos y los hospitales siguen pretendiendo una autorización judicial en cada caso de aborto no punible que se les solicite, será tarea de los jueces provinciales acatar el fallo de la Corte Suprema y resolver que dicha autorización no es procedente, porque el artículo 86 del Código Penal, según la Corte Suprema, se refiere a todos los casos de abortos practicados en embarazos fruto de violación.

 
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