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Uruguay. Legislar sin condón. De fiolo a gerente de servicios sexuales Imprimir E-mail
Domingo, 13 de Octubre de 2013 02:26
 
Mariana Contreras y Florencia Rovira
 
El viejo oficio del cafisho será más fácil que nunca. La aprobación de las modificaciones a la ley de trabajo sexual y al Código Penal que se vienen discutiendo a nivel legislativo redundaría prácticamente en una legalización del proxenetismo. Entre tanto ninguna medida parece orientada a ayudar a salir a las prostitutas de la mal llamada "vida fácil". El debate europeo sobre la materia completa esta cobertura.
 
"¿Cómo se vive el trabajo sexual o cómo sobrevivir a él?", retrucó Karina Núñez cuando en la despedida del segundo encuentro Brecha insinuaba la agenda para una tercera reunión: hablar de la vida de las trabajadoras sexuales, de los aspectos vinculados a los riesgos que genera, a sus estrategias para sobrellevar el persistente estigma social, para enfrentar los vínculos familiares, la explotación económica, el abuso de sus cuerpos. En definitiva, sí, sobrevivir.

Karina inclinó la cabeza, entrecerró los ojos; hizo un gesto como diciendo: ¿entendés lo que te quiero decir? Hasta entonces había hablado de sus inicios a los 12 años, cuando un vecino de 67 años le pidió que se sentara encima suyo a cambio de un yogur, de sus experiencias al norte del Río Negro, área que conoce porque se desplaza por varios puntos ejerciendo el trabajo sexual, pero también militando y haciendo promoción en salud. Karina preside el grupo Visión Nocturna en Río Negro, va a los prostíbulos, a las whisquerías y entrega condones, habla con las mujeres sobre la necesidad de prevenir las enfermedades de trasmisión sexual, sobre los derechos de las trabajadoras. No quiere "que digan que lo hacemos porque nos gusta; si tuviéramos otras opciones haríamos otra cosa". Sabe de la explotación y de la mercantilización del cuerpo, de la cosificación que se hace de ellas. Sabe de las cicatrices internas, de las golpizas por denunciar una red de trata y del sometimiento a los proxenetas (el único rol prohibido, y sin embargo tan campantes), pero se reivindica trabajadora sexual.

"¿Sabés el logro que significa para nosotras?", dice cuando interpreta un cuestionamiento por parte de Brecha a la regulación: ¿acaso reconocerse como trabajadora, aportar a la seguridad social, tener derechos y obligaciones como cualquier asalariado no es legitimar esa misma explotación, esa cosificación que rechaza? ¿Acaso los esfuerzos públicos no deberían estar en generar otras salidas? Porque la explotación es mucho más que quedarse con un porcentaje de las remuneraciones de estas mujeres. Podrá haber derecho a licencia vacacional o por enfermedad, pero eso no cambiará la desigual relación de poder que, una vez pasado el cerrojo a la puerta, el pago por sexo genera entre quien compra y quien vende. No cambiará la mercantilización a la que el cuerpo, casi siempre de mujer, queda reducido.

Ella explica su posición: "Pasamos de no ser nada a tener un título, que los mismos que antes te decían 'puta' ahora te reconozcan como trabajadora. Es mucho". No obstante, unos días después, sin contradecirse con lo anterior, se sincera: "Una se agarra del argumento del trabajador sexual porque no tenés otro argumento social para agarrarlo". Reivindicar el trabajo sexual y reivindicar derechos son la meta a mediano plazo, "a largo plazo es que no existan mujeres alquiladas porque no tienen para comer o por consumismo. Es una forma de sometimiento mercantil. Pero eso ya es utópico".

Uruguay es uno de los países que consideran la prostitución como un trabajo. Una ley del año 2002 regula la actividad y por estos días está siendo reformulada. La intención legislativa es acercar cada vez más el trabajo sexual a la realidad de cualquier otro trabajador, mismos derechos, mismo tipo de relaciones laborales. ¿Pero en qué otro aspecto, además del cobro por un servicio, esta actividad se parece a otro trabajo?
Cuando las mujeres hablan de él, un mundo se abre delante de quien tenga oídos para escuchar. Presentan allí un espacio complejo y abismal. Dualidad es una buena palabra para definir el mundo en que se sumergen.

La ley y el (des)orden
 
Dos normas vinculadas al trabajo sexual están en vías de modificación. Por un lado, una comisión creada por la ley de humanización de cárceles, que trabajó durante cinco años en la modificación del Código Penal, propuso modificar la figura del proxeneta. El código vigente establece que "toda persona de uno u otro sexo que explote la prostitución de otra, contribuyendo a ello en cualquier forma con ánimo de lucro, aunque haya mediado consentimiento de la víctima", será penada con entre dos y ocho años de prisión. En la propuesta enviada al Parlamento el delito está reducido a aquellos casos en que no exista el consentimiento. La propuesta, a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de diputados, fue analizada por la bancada bicameral femenina, donde se la cuestionó fuertemente. Según interpretan las parlamentarias, la modificación sustituye el proxenetismo por la "prostitución forzada", dejando un campo amplio para la explotación, puesto que la demostración de inexistencia de consentimiento es muy difícil en un vínculo tan complejo como el que se teje entre estas partes. La bancada recordó también que, aunque no está ratificada por Uruguay, la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena establece que esta última siempre es delito, aun cuando se realice con consentimiento por parte del explotado.

Por otro lado, la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual -encargada de velar por el cumplimiento de la ley 17.515 sobre la materia, que rige hace 11 años- está trabajando en su modificación. Una de las innovaciones centrales es la introducción del trabajo dependiente en los establecimientos, lo que implica la legalización de un empleador al que se le reconoce el derecho a "percibir un porcentaje" sobre lo que cobra la meretriz. De prosperar la iniciativa, las trabajadoras que ejerzan la actividad en locales (prostíbulos, whisquerías, etcétera) deberán percibir un salario y todos los beneficios de la seguridad social, al igual que cualquier otro trabajador de la República. En esta propuesta de modificación de la ley el proxenetismo quedará configurado sólo ante el cobro de "sumas excesivas" por parte de los dueños.

Hoy el vínculo que las trabajadoras tejen con los dueños de los locales coloca a estos últimos, aunque encubiertos, en evidente situación de proxenetismo. En los prostíbulos se cobra "la llave" de las habitaciones, por un precio que varía según el local. Una de las trabajadoras con las que Brecha conversó paga 600 pesos por día, que debe abonar aunque no tenga clientes en la jornada. En las whisquerías, donde los clientes llegan a tomar copas y a hacer el acuerdo con las trabajadoras para luego trasladarse a otro lado, se impone un mínimo de consumición que debe cumplirse. Pueden ser tres, cuatro o más copas. La situación más irregular se vive en las casas de masaje porque, a pesar de la prohibición, suelen oficiar de prostíbulos y cobran "el pasaje" más caro: 50 por ciento de lo que el cliente paga a la trabajadora, además de un 10 por ciento destinado a quien "volantea" en la calle y otro 10 por ciento para productos de limpieza. Para ellas sólo queda el 30 por ciento del precio impuesto. "Claro que a las mujeres no les sirve, pero muchas de las que están allí son llevadas por proxenetas, porque allí están más vigiladas; ellos no tienen que estar dando vueltas a la manzana", explicó a Brecha una trabajadora llamada Sandra. En esos casos las "transacciones" son acordadas entre los dueños y los proxenetas, limitando las posibilidades de las mujeres para "negociar". En otros casos es el dueño del local quien recibe el dinero por parte del cliente.
Las situaciones de abuso que Brecha recogió entre las trabajadoras, y fueron confirmadas desde los órganos encargados del contralor (Policía, msp, mtss) y desde los equipos técnicos que trabajan con ellas, llegan al punto de cobrar multas si una trabajadora no concurre al local, explicó Marina Oviedo, presidenta de la Asociación de Meretrices Públicas (Amepu), y mostró un sms enviado a su celular, donde una mujer denunciaba el "aumento" de la multa de mil a 3 mil pesos en el "boliche" al que concurre. "Si una trabajadora se queja por un cliente también puede recibir una multa, o puede que deba hacer un servicio gratis." Claro que nadie denuncia los abusos.

Carlos Cabasín, representante del Ministerio de Trabajo ante la comisión, explicó a Brecha que la propuesta pretende formalizar el vínculo laboral de las trabajadoras, en un intento de garantizar sus derechos laborales. "El proxenetismo se da cuando un patrón tiene un trabajador y de su actividad obtiene la ganancia", pero en esta propuesta "ambas partes deberán negociar y llegar a un acuerdo bajo la modalidad de contrato de trabajo. Buscamos que cada uno sepa de antemano cuánto va a ganar, cosa que no sucede hoy, y si no hay conformidad entonces no hay contrato", argumentó. La comisión interpreta que este paso es una forma de combate al proxenetismo, porque la negociación les permitirá decir no ante ofrecimientos abusivos.

La garantía de que esto se cumpla estaría dada en la vigilancia que el mtss realizaría a través de su cuerpo inspectivo, que cumpliría las competencias que hasta ahora son propias de la Policía. Este cambio es otro de los puntos que igualarían la actividad a la del resto de los trabajadores.

Sin embargo, la propuesta plantea al menos dos interrogantes. El cumplimiento o no de las normas laborales en el mercado de trabajo tiene estrecha relación con las fuerzas que posean patrones y asalariados. Un alto grado de sindicalización, una fuerte capacidad de presión, una historia de logros sindicales hacen la diferencia en una negociación entre las partes. ¿Qué fortaleza tendrán las prostitutas para definir cuándo se trata de una "suma excesiva"? Tanto Amepu como la Asociación Trans del Uruguay (Atru) son dos sindicatos con fuerzas mínimas. Amepu tiene 300 socias en todo el país, y la propia Oviedo reconoció a Brecha que la actividad es casi nula.

El semanario trasladó esta inquietud al doctor Pablo Guerra, sociólogo, investigador del Instituto de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho, y autor de una de las pocas investigaciones sistemáticas realizadas en torno a las condiciones del trabajo sexual. Para él, si bien "el derecho a sindicalización, a la negociación colectiva, el establecimiento de una serie de legislaciones sociales y laborales a lo largo del último siglo" influyeron en el evidente mejoramiento de las condiciones del trabajo asalariado, a la vez que implicaron aceptar "de alguna manera, que el patrón tiene derecho a un lucro y el trabajador a un ingreso por la venta de su trabajo. Sin embargo, una cosa es reconocer ciertos derechos a una trabajadora sexual, otra cosa sería reconocer el derecho a explotar el trabajo ajeno bajo una figura salarial, por lo que trasladar todo este sistema al trabajo sexual a mi modo de ver no sería adecuado".

Es que, en definitiva, reconocer "el trabajo" no debería significar aceptar que sea un trabajo como cualquier otro, "sobre todo -enfatizó el académico- si se da en un contexto de pobreza y alta vulnerabilidad, como sucede en la mayoría de los casos".

Entre las particularidades que deberían llamar la atención destacan los vínculos que se tejen en la actividad, donde "hay relaciones de explotación muy nítidas, basadas además en una cultura de género machista que pone a la mujer en el rol de mero objeto de consumo y deseo al que puedo acceder si tengo dinero. En ciertos contextos sociales eso genera sin duda una relación inequitativa donde la figura femenina es explotada y el varón aparece como explotador".

Por algo las personas que ejercen el trabajo sexual "hacen todo para organizar el resto de su vida con el propósito de ocultarlo, sobre todo a sus hijos, incluso cambian su forma de vestir y su figura física (por ejemplo, mediante pelucas)". Karina, por ejemplo, vive en Fray Bentos, pero para trabajar se traslada 90 quilómetros hasta Young. "Me dolería muchísimo que mis hijos me digan que les da vergüenza (mi trabajo)", explicó. Sus tres hijos menores piensan que es enfermera.

"Y desde el punto de vista de una cierta ética económica deberíamos preguntarnos qué es bueno mercantilizar y qué no. O dicho de otra manera, qué cosas se pueden comprar y vender y cuáles no. Finalmente, la prostitución atenta contra la intimidad corporal de la persona con una radicalidad que no es posible advertir en otras relaciones laborales. De hecho, a un trabajador de un comercio no se lo puede desnudar para ver si se robó algo. Se trata no sólo de una cuestión de derechos, sino fundamentalmente de dignidad", finalizó el académico.

Mi laberinto
 
"No puedo creer que no usen esas piernas para correr", le soltó un día un psiquiatra a Sandra, que a los 8 años fue explotada sexualmente por primera vez, obligada por su madre. La mandó con dos vecinos, uno de ellos panadero que siempre repartía bizcochos a los niños del barrio. Sandra no pudo correr a los 8, y tampoco a los 14, cuando su madre la mandó "a pararse" por vez primera en la esquina de bulevar y Gallinal, ni cuando a los veintipico, ahora en sociedad con "un novio" que le había prometido sería "la señora", pero se convirtió en su proxeneta, fue enviada a Italia, a integrarse a una red de trata internacional. El día que saltó por una ventana y huyó de un prostíbulo queriendo escapar de la inflamación genital, producto de las incesantes relaciones, corrió a lo de su madre. "Sentí miedo de escaparme", dice. Dos días después estaba de vuelta en el trabajo. No fue hasta los 43 años que Sandra pudo empezar a desprenderse de aquel vínculo. Fue al morir su madre, y cuando la vida ya le había deparado varias golpizas, cuchilladas, encierros y humillaciones.

Al contrario que el psiquiatra, lo que para Sandra "no se puede creer" es que nadie cuestione qué hay detrás de ese "consentimiento mutuo" entre cliente y trabajadora con que suele justificarse la actividad. Ella tiene su respuesta: "Si te dicen que tenés que hacer tanta plata en la calle en una noche porque si no te rompen los huesos, y vos sabés que te los rompen, vas a dar el consentimiento a todo cliente que te pague para llegar a esa plata", dice por experiencia, aunque sabe que los laberintos de la permanencia son mucho más complejos.

En Uruguay no existe una bibliografía muy abundante sobre el mundo del trabajo sexual. Se trabaja a tientas, incluso para legislar. La Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual no tiene datos actualizados de cuántas trabajadoras ejercen, ni cuántas de ellas están habilitadas para hacerlo. Tampoco de cuántos establecimientos (prostíbulos, casas de masajes, whisquerías) existen, ni cuántos de ellos están en regla. El Ministerio de Salud Pública realizó un estudio para conocer algunos indicadores de salud, que sirven ahora para elaborar guías de actuación. Pero la desactualización es tal que desde la propia comisión reconocieron que los servicios encargados de otorgar la habilitación sanitaria no están debidamente capacitados. En el hospital Maciel, donde se atienden las trabajadoras de Montevideo, hay una psicóloga y tres dermatólogos, una reminiscencia de los ochenta, cuando se comenzó a detectar el vih por alteraciones en la piel. No hay ginecólogos. Tampoco médicos formados para atender a la población trans, parte importante de quienes ejercen la actividad, y que, aunque con identidad de género femenina, tienen una genitalidad masculina. O médicos que atiendan aspectos tan ligados a la actividad: las trabajadoras se moldean el cuerpo, se implantan prótesis, se inyectan hormonas para mejorar su figura, y en algunos casos los resultados son muy perjudiciales para su salud.

Mucho menos existe -al menos en ámbitos estatales- información certera sobre los motivos que llevan a las personas a ingresar a la actividad, ni en qué condiciones se desarrolla, o sobre los vínculos "laborales" que se tejen por fuera de toda reglamentación entre proxenetas y dueños de establecimientos, acerca de los motivos para permanecer en la prostitución o los caminos para salir. Tampoco sobre las consecuencias de ejercer esa actividad.

"Mi padrastro era presidente del Partido Comunista en Fray Bentos y mi madre era trabajadora sexual, también lo era mi abuela. Yo tuve la suerte de evitar que mi hija lo fuera. Mi padre hizo un cambio grande: se casó con una prostituta y se hizo cargo de ella. Aceptó adoptarme, me crió. La primera forma de amor paterno la viví con él. En mi destino jugó el hecho de que mi padre cayera preso. Si no fuera por eso no sería trabajadora sexual. Teníamos lo mínimo, lo básico, no pasábamos hambre. Pero después de una semana de comer avena con agua y pan rallado, si bien tiene nutrientes. En donde yo vivía en cada esquina había olor a milanesa. Era yo la que saltaba por el muro en busca del vecino -dice recordando sus inicios a los 12 años-. No tuve conciencia de lo que significaba. Me llevó mucho tiempo de terapia para asimilarlo. Lo entendía como supervivencia, no como un abuso. Pero cuando te das cuenta de lo que has vivido te querés matar." Así es la historia de Karina.

Sandra Perroni trabaja hoy en el servicio para víctimas de trata del Mides, pero tiene larga experiencia en el área. Dice que en el inicio de la carrera se vertebran dos ejes: los factores estructurales (provienen de familias pobres en su mayoría, con escaso nivel educativo, por ejemplo), y los factores individuales: la violencia intrafamiliar, el abuso sexual a temprana edad, los antecedentes familiares (madres, abuelas, tías trabajadoras sexuales).

En Casa Abierta, un servicio de la Congregación de Hermanas Oblatas que ofrece asesoramiento jurídico, psicológico y social a las trabajadoras, las impresiones son abrumadoras: en tres años de trabajo "constatamos que un 90 por ciento de las mujeres que vemos han sido víctimas de abuso sexual a temprana edad".

Dobles y triples vidas
 
 Un aspecto en que los entrevistados coinciden es en expresar su contradicción: es necesario reconocer el trabajo sexual, aun sabiendo que mientras más se legitime como actividad laboral, más invisibilizada quedará su fase de explotación, y junto con ella los rastros del camino duro que la mayoría emprende para sobrevivir a ello. De alguna forma, el recorrido que las trabajadoras sexuales hacen se asemeja al de las víctimas de violencia doméstica: un laberinto lleno de claroscuros que dificultan encontrar una salida, que las hace reconocerse en un espiral de violencia al mismo tiempo que niegan sentirse mal, una profesión que reivindican, a la vez que la ocultan y se la quieren evitar a sus hijos.

"No es fácil dejar, es como con las adicciones. Hay un proceso de enamoramiento en el trabajo sexual. A los 18 años, en una noche podés hacer 8 mil pesos, y si antes no tenías ni para un pan duro eso se vuelve adictivo", opinó Karina. Además, en el vínculo con el proxeneta, el explotador impune, también hay complejidades: muchas veces es la pareja, o un pariente, o el padre de sus hijos. "Y te quieren, o te hacen sentir que te quieren, que te eligen." En cuanto a ese juego de doble significado, Sandra habla de los regalos, la ropa, por ejemplo, que a su vez son "una inversión, porque vos sos la vitrina del negocio" que deben vender.

Una de las observaciones que hizo Andrea Tuana, desde El Faro, es que cuando una mujer es elegida por un cliente entre todas sus compañeras eso tiene un valor importante para ellas, porque la autoestima también juega. En medio de esas dicotomías, la depresión, los intentos de suicidio y el trastorno de estrés postraumático conviven con las mujeres, sin embargo, es muy raro que se asuman como "explotadas". De alguna manera -comentó Guerra- el discurso legitimador del "trabajo atípico" también las protege de enfrentarse a esa idea. Después de más de 20 años de haber sido víctima de trata en Europa, Sandra reconoce que recién asumió lo que le pasaba cuando regresó al país y la cancillería la derivó al servicio de trata del Mides: "Hasta ese entonces pensaba que había tenido mala suerte, que había tenido una mala madre", confiesa.

Para sobrellevar ese cóctel las mujeres elaboran estrategias. Así como Karina sale de su ciudad a trabajar y se personifica como enfermera delante de sus hijos más pequeños, otras muchas mantienen múltiples identidades en sus ámbitos de trabajo. "En el acto sexual o atendiendo al cliente dicen que están pensando en otra cosa. La disociación opera sistemáticamente entre las personas que se prostituyen. Lo vemos incluso en personas que hace poco empezaron a ejercer. Sistemáticamente lo relatan. Explican que es la manera que tienen de sostener esa situación que para ellas mismas a veces es inexplicable. Y cuando quieren establecer otra relación con otras personas también tienen mucha dificultad para sentir. Son muy renuentes al contacto físico", señaló Olga Sienra, psicóloga de Casa Abierta. Y esto es notorio cuando quieren brindar su agradecimiento al equipo: "Nunca nos abrazan, no les gusta, les cuesta; pero sí nos traen regalos". Las observaciones que plantea luego de tres años de trabajo con las mujeres se corresponden con los resultados de varios estudios internacionales (véase recuadro). "La prostitución no necesita sólo reglamentación, necesita de política social. En este país hoy no hay ninguna política para dirigir a estas personas hacia otra actividad. Estamos reglamentando la prostitución antes de pensar en políticas sociales que protejan al sujeto de mayor vulnerabilidad. Me quedo pensando si no termina beneficiando al patrón, en la medida que la eventual regulación que asimila la prostitución a cualquier otro trabajo termina por legitimar el negocio de la explotación sexual. Ya no hablaremos de proxeneta sino de gerente de trabajo sexual. Es una forma también de legitimar un rol muy cuestionable. Y casos muy notorios quedarían más legitimados socialmente a partir de una norma de este tipo", concluyó por su parte Pablo Guerra."

Descorporalización

La incidencia del trastorno de disociación entre personas que ejercen la prostitución ha sido estudiada en varias investigaciones clínicas internacionales. En el trabajo "Dissociation Among Women in Prostitution", de Colin A Ross, Melissa Farley y Harvey L Swartz (en el libro Prostitution, Trafficking and Traumatic Stress), se resumen los resultados de varios estudios en Canadá, Estados Unidos y Turquía basados en una muestra de personas que ejercen la prostitución o el striptease. En este trabajo diversos diagnósticos de trastornos disociativos revelaban amnesia disociativa (incapacidad de recuperar recuerdos o de crear nuevos recuerdos a largo plazo), personalidad múltiple o trastorno de despersonalización (donde uno de los síntomas es experimentar una desconexión subjetiva respecto al propio cuerpo y el entorno).

En su tesis de doctorado ("La descorporalización en la práctica prostitucional: un obstáculo mayor al acceso a la salud") la doctora francesa Judith Trinquart explica cómo el proceso de disociación de personas que ejercen la prostitución lleva a "una negligencia extrema con respecto al cuerpo" de las mismas. Según Trinquart, esta descorporalización, el hecho de disociar el cuerpo del yo, explica por qué en Francia estas personas no recurren a la atención médica a pesar de que pueden acceder a ella.

Los resultados del estudio más importante que se ha hecho en el mundo sobre la salud psíquica de personas en prostitución muestran que 68 por ciento de ellas presentan síntomas de trastorno de estrés postraumático, un diagnóstico que es común entre veteranos de guerra. Se basó en trabajos llevados a cabo en nueve países con características muy diferentes entre sí (Estados unidos, Colombia, Sudáfrica, Alemania, México, Turquía, Tailandia, Zambia y Canadá) pero donde los resultados no variaban de manera notoria. En Canadá 74 por ciento de las personas presentaban síntomas de estrés postraumático y 84 por ciento habían sido abusadas sexualmente en la infancia; en Colombia 67 por ciento habían sido abusadas sexualmente de niños y 86 por ciento mostraban síntomas de estrés postraumático.
Condiciones de trabajo en la prostitución uruguaya

¿Mujeres de vida fácil? Las condiciones de trabajo de la prostitución en Uruguay se publicó en 2006 y es la investigación más importante que se ha hecho sobre el tema en el país. El sociólogo Pablo Guerra basó su estudio en 130 entrevistas sistematizadas con personas que ejercen la prostitución en todo el territorio nacional. La conclusión más importante del estudio es que el ejercicio de la prostitución está asociado al desarrollo de situaciones de "vulnerabilidad social".

El estudio destaca una serie de factores importantes que entran en juego para empujar a las personas a ejercer la prostitución. Por ejemplo:
. Tener una infancia con severas carencias afectivas y materiales. Casi 70 por ciento de las personas entrevistadas habían tenido una infancia problemática o muy problemática. Casi 14 por ciento de ellas habían sufrido abusos sexuales o físicos cuando niños.. Asunción de roles maternos prematuros sin apoyo.
. Necesidad de recursos económicos inmediatos luego de procesos de separación.
. Presencia de personas que alientan a la prostitución.
. Ausencia de calificaciones y competencias laborales.
Más del 65 por ciento de las entrevistadas empezaron a ejercer antes de los 20 años. La encuesta también concluye que "la mayoría de ellas tienen que recurrir o han recurrido al alcohol en el momento de desarrollar su trabajo, o luego".
El estudio concluye que, al considerar las historias personales, es difícil hablar de la existencia de una verdadera "opción libre" al debutar en el ejercicio de la prostitución: "Queda claro que la prostitución no es un trabajo como cualquier otro. Queda claro además que detrás de muchos de estos cuerpos ofrecidos en el mercado del sexo existen historias complejas y muy duras".

 
Prostitución en Europa
 
El avance del abolicionismo


Herbert Krauleldls
Brecha, Montevideo, 11-10-2013
 

Tras una década de experiencias legislativas muy diversas, los partidarios de una "sociedad sin prostitución" están ganando terreno en Europa. Francia se sumará próximamente a la lista de países abolicionistas, mientras se resquebraja el espacio de las tesis que consideran a la prostitución como un trabajo más.

A los hombres que pagan por sexo en Francia les quedan pocos meses para poder seguir haciéndolo legalmente. El país del Moulin Rouge y el "libertinaje" será el próximo en sumarse al creciente grupo de "neoabolicionistas" europeos, que ya integran Suecia, Noruega e Islandia y tal vez pronto la católica Irlanda, donde se sanciona a los clientes pero no a las prostitutas. Otros, como Alemania y Holanda, donde la prostitución se legalizó, liberalizó o reglamentó, están preocupados por los efectos colaterales de esa reforma, en especial por el auge de la trata de personas y la no mejoría de la situación de quienes se prostituyen.

"La prostitución es una explotación y una violencia contra las mujeres", declaró recientemente la diputada europea francesa Maud Olivier, del bloque por los derechos de las mujeres, al canal de televisión franco-alemán Arte. Olivier se inspira en la interpretación abolicionista de la prostitución que rige en Suecia desde hace ya 14 años, y en vez de adoptar el concepto de "trabajo sexual", hasta ahora dominante en el contexto europeo, considera a la compra-venta de sexo como una violación a los derechos humanos y una violencia hacia las personas que ofrecen su cuerpo. Aunque desde 2011 existe en el parlamento francés un consenso multipartidario sobre la necesidad de responsabilizar a los clientes, la propuesta ha encontrado una gran oposición en los medios y en la propia población. Según una encuesta realizada en febrero de 2013, 52 por ciento de los franceses están en contra del principio de pagar por una relación sexual. Pero sólo 32 por ciento está a favor de sancionar a los clientes, y 68 por ciento se opone a ello. La socialista Olivier tuvo entonces que esforzarse para explicar "pedagógicamente" el sentido de las 40 recomendaciones en las que se basará su futura propuesta de ley, que prevé revertir la responsabilidad de los actores de la prostitución. De aprobarse la reforma, se despenalizaría a las prostitutas callejeras, a las que desde 2003 se les prohíbe llamar la atención de potenciales clientes en la vía pública. A los clientes, en cambio, se les impondrían multas de entre 1.500 y 7.500 euros. Al mismo tiempo la diputada recomienda 25 medidas de carácter social para ayudar a las personas que se prostituyen, francesas o extranjeras, a mejorar su situación y abandonar la profesión. Los abolicionistas argumentan que la relación entre el cliente y la prostituta es una expresión de dominación masculina (los casos de clientes mujeres son casi inexistentes) en la que el hombre ejerce su poder sobre la persona a quien le paga, imponiéndole una relación sexual "no deseada". "La abolición no es una cuestión de moralidad", respondió la diputada Olivier a los críticos que denunciaban una reforma "liberticida": "se trata de libertad sexual y de defensa de los derechos humanos (.). Que no me vengan a decir que al pagar por una relación sexual el placer es compartido". Por otro lado, señala el carácter violento y riesgoso del trabajo sexual: las violencias, los insultos, las agresiones, las violaciones.

En dos años el parlamento produjo dos informes sobre la prostitución en Francia basados en el conocimiento de ong que acompañan a personas que se prostituyen y en varios otros estudios sobre el "pésimo" estado de salud mental y física de las personas que lo hacen. Asociaciones de víctimas de violencia doméstica y sexual, otras que acompañan a prostitutas y grupos feministas respaldaron esos informes.

El movimiento abolicionista francés sostiene que la "libre elección" de prostituirse muy poco tiene en realidad de libre. En el informe de Olivier se estima que sólo 2 por ciento de las prostitutas trabajan "libremente", y que la gran mayoría son extranjeras. No existen estadísticas exactas y oficiales sobre la prostitución, pero según estimaciones basadas en datos de ong, 90 por ciento de quienes la ejercen son personas extranjeras. Esto es patente tanto en la calle como en las páginas de escort de Internet. El proxenetismo también se ha internacionalizado. Según la policía nacional francesa, en 2010 64 por ciento de los casos aclarados por la justicia implicaban a extranjeros, tres veces más que treinta años atrás.

Internacionalización
 
En Francia, como en el resto de Europa occidental, la trata de personas con fines de explotación sexual aumentó después de la disolución de la Unión Soviética y la apertura de las fronteras dentro de la Unión Europea. La preocupación por combatirla impulsó la idea de que la trata se puede reducir conteniendo la demanda (los clientes). Detrás de esa idea están las experiencias legislativas en Suecia, donde en 1999 la compra de sexo se transformó en delito. En paralelo a esta sanción penal, se ofrece a las personas que se prostituyen asistencia médica, psicológica y social. Desde entonces la prostitución callejera ha disminuido a la mitad y la policía sueca sostiene que la "ley de compra sexual" se ha transformado en la herramienta más importante para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual. "Los clientes nos dirigen hacia las víctimas", explica a Brecha Kajsa Wahlberg, inspectora de la policía sueca especializada en cuestiones de trata de personas. Según ella, es bastante común que los agentes policiales se encuentren con un proxeneta cuando ingresan a un apartamento para multar a un cliente. Zanna Tvilling, de la policía de Estocolmo, lo describe así: "Detenemos a un cliente y nos regalan un proxeneta".

Según Kajsa Wahlberg, las leyes que prohíben el proxenetismo y la compra de sexo han convertido a Suecia en un país donde el comercio sexual no es tan lucrativo como en otros de Europa en los cuales los prostíbulos son legales. "Se lo hemos oído decir a los traficantes mismos en escuchas telefónicas", relata la inspectora a Brecha. Para operar, los traficantes y proxenetas tienen que mudarse de un apartamento a otro cada dos semanas, lo cual les impide establecerse y crecer. "En Suecia no existen grandes prostíbulos clandestinos. No tienen dónde meter a las mujeres y no logran mantener más que a dos o tres a la vez."

En 1996, tres años antes de que la ley entrara en vigor, 67 por ciento de la opinión pública se oponía a la sanción de los clientes. En 2011, 67 por ciento estaba a favor. "En Suecia la discusión sobre la ley ya terminó hace tiempo. Hace 14 años que la aplicamos y nos ha servido para combatir la trata de personas", explica Kajsa Wahlberg con un poco de fastidio.

Efectos colaterales
 
Al mismo tiempo que Suecia eligió el camino de la abolición, Alemania optó por la legalización total. La intención del Partido Socialdemócrata y los ecologistas que votaron la ley "ProstG" en 2001 era mejorar las condiciones de trabajo de las prostitutas y asegurarles una jubilación, acceso al sistema de salud, al seguro de paro y poder afiliarse a un sindicato. La ley transformó a la prostitución en un trabajo cualquiera y el emplear prostitutas en una actividad económica "normal". Durante 12 años, en Alemania no se habló más del tema. Hasta que en junio pasado la televisión emitió el documental Sex. Made in Germany, que causó consternación. "No nos podíamos imaginar lo gigantesca que es la industria del sexo en Alemania", cuenta a Brecha Sonia Kennebeck, una de las directoras del filme. Para el décimo aniversario de la ProstG, Kennbeck y su colega Tina Soliman decidieron estudiar las consecuencias de la liberalización. Tras dos años de investigación llegaron a la conclusión de que Alemania se ha convertido en el prostíbulo más grande de Europa, donde los precios han bajado, los proxenetas van vestidos de traje y el Estado se enriquece cobrando millones de euros por concepto de impuestos. "Es una industria multimillonaria, y los dueños de los prostíbulos nos decían ante cámaras que gracias a la ley a ellos les estaba yendo estupendo", confía Kennebeck.

El documental generó un revuelo considerable. Los alemanes descubrieron que hoy su país es uno de los destinos más populares en el mundo para los turistas sexuales y que es posible pagar por todo tipo de servicios. Hay sitios web especializados en "remates sexuales" de todo tipo, a veces por sólo un euro: sexo con vírgenes, sexo con mujeres embarazadas. Prostíbulos gigantescos abren las 24 horas, otros proponen un servicio de "tenedor libre" a partir de 49 euros. Uno de ellos era el Pussy Club, de Stuttgart, que ofrecía al cliente "sexo con todas las mujeres durante todo el tiempo que quiera, con la frecuencia que quiera y de la manera que quiera. Sexo anal. Sexo oral sin preservativo. Ménage à trois. Sexo en grupo. Gang bang". Sorana, una de las mujeres que trabajaba en ese prostíbulo, cuenta en el documental cómo tenía que servir a más de cuarenta clientes por día. "A veces sólo podía dormir dos o tres horas por noche. Me presionaban mucho. Era muy difícil. No nos dejaban decirle no a ningún cliente. No lo puedo expresar en palabras. Era horrible." El prostíbulo donde trabajaba Sorana cerró, pero por razones sanitarias, cuenta el documental. Hoy Sorana ha vuelto al barrio pobre de Bucarest donde se crió. En Rumania había trabajado de prostituta. No la raptaron, como les sucede a muchas de sus colegas, sino que se fue a Alemania pensando que ahí los hombres la tratarían mejor: "Pero en Alemania, donde todo es legal, nos trataban como basura", dice.

La liberalización de la prostitución ha creado una industria y una demanda creciente de una variedad de "carne fresca" de parte de los clientes. La oferta de nuevas mujeres la aseguran los traficantes. Al mismo tiempo que se emitió el documental de Kennebeck y Soliman, el semanario Der Spiegel publicó una serie de artículos sobre el modelo alemán titulado "Cómo la legalización de la prostitución ha fracasado". Señala que sólo 1 por ciento de las prostitutas tienen un contrato de trabajo, que entre el 65 y el 80 por ciento de las mujeres son extranjeras y que muchas vienen de los países de Europa oriental y son víctimas de trata. Pero según el semanario alemán, los juicios por trata con fines de explotación sexual han disminuido en casi un tercio desde que se liberalizó la prostitución: la policía no tiene herramientas para combatir el tráfico, pues al ser legal la prostitución se ha vuelto más difícil demostrar que las mujeres no trabajan voluntariamente.

Para juzgar a un proxeneta ahora el fiscal tiene que probar que la persona que lucra con la prostitución de otra lo hace explotándola, lo que se dificulta en un país donde las prostitutas, a pesar de las expectativas de los legisladores en ese sentido, nunca se han sindicalizado. La documentalista Sonia Kennebeck confrontó con políticos que votaron la institucionalización de la prostitución y que, según dijo a Brecha, no estaban enterados de que la ley había ayudado más a los proxenetas que a proteger a las prostitutas. En el programa de tevé Panorama la parlamentaria socialdemócrata Anni Brandt-Elsweier le respondió: "Si es así, entonces siento mucho que la ley en la práctica no haya tenido los efectos que esperábamos. Queríamos actuar bien". Pasados cinco años de la liberalización, el gobierno efectuó una evaluación de la ley ProstG según la cual las metas perseguidas "sólo se habían alcanzado parcialmente" y no se notaba "ninguna mejora medible de la protección social de las prostitutas" ni pruebas de que la ley hubiera reducido la criminalidad, apunta Der Spiegel. "La legalización de la prostitución estaba pensada para fortalecer a las prostitutas, pero generó lo contrario. Las mujeres son un material que se usa más eficientemente. Más allá de su valor de mercado, no valen nada", concluyen Sonia Kennebeck y Tina Soliman en su documental. Al liberalizar la prostitución, el Estado puso en marcha un proceso de institucionalización a nivel económico y político que produjo grandes ingresos privados y en cierta medida también públicos (a través de los impuestos). Pero asimismo normalizó la idea de que la prostitución debe ser tratada como un trabajo y un negocio cualquiera.

La vitrina holandesa
 
En Ámsterdam la prostitución está normalizada en las vidrieras en que se exponen las mujeres. Familias, turistas, parejas, caminan a su lado como si nada ocurriera. Cuando pasa un hombre las mujeres golpean la ventana o abren una puertita en la vidriera invitándolo a entrar.

Aquí el prostituirse es considerado una libertad que merece ser defendida. En Holanda no se habla de prostitutas sino de trabajadores sexuales. Aunque, como en Alemania, la prostitución es vista como un trabajo normal, la ley holandesa tiene sus diferencias con la germana. Cuando en el año 2000 se legalizaron los prostíbulos, la prostitución no se liberalizó del todo. Aquí las prostitutas/os son emprendedores independientes y los prostíbulos deben contar con una licencia para poder operar. Pero detrás de las vidrieras de la zona roja de Ámsterdam se esconde una realidad que a la sociedad holandesa le ha empezado a preocupar. "El alquiler de la cabina sale 200 euros por día. Es muy caro, ni siquiera tiene baño privado", explica a Brecha Perdiep Ramesar, periodista del diario holandés Trouw y coautor del libro Slaven in de polder ("Los esclavos en Holanda") sobre la trata de personas en los Países Bajos. "Sólo para costear ese alquiler una prostituta precisa cuatro clientes. El sexo en cabina sale entre 50 y 60 euros." Para pagar un cuarto donde dormir, comida y transporte, se necesitan a su vez 20 clientes diarios: "¿Se imagina usted dejarse penetrar por veinte desconocidos por día? No es necesario ser víctima de la trata para vivir en estas condiciones tan difíciles". Durante los tres años que Perdiep Ramesar y su colega Martjin Roessingh recorrieron prostíbulos y sex shops había noches en que no podían dormir por las situaciones horribles de las que fueron testigos. "Holanda es el nexo de la trata de personas en Europa (.). Ellas no saben ni dónde viven. Las transportan en auto desde la casa al prostíbulo. Tienen que pagarles sus deudas a los traficantes, ganan menos de lo que ganarían en Bulgaria o en Rumania", dicen. Según Perdiep Ramesar, se estima que entre 30 y 70 por ciento de las personas que se prostituyen en los Países Bajos son víctimas de la trata. "Pero es muy difícil probarlo ante las autoridades. Hay muchas mujeres que se encuentran en los centros de detención de inmigrantes y que están esperando ser deportadas", precisamente porque no pudieron demostrarlo.

Ramesar se cruzó con muchas latinoamericanas, incluidas uruguayas. Algunas de ellas llegan a Holanda por su cuenta, como una de las brasileñas que encontró: "En el cuarto de al lado se prostituía su madre. Lo hacían porque necesitaban dinero. No ganan lo suficiente en su país". Pasaron varios años hasta que se comenzó a comprender que la reglamentación no había permitido solucionar los problemas de las redes mafiosas de trata y proxenetismo. Ramesar y Roessingh estuvieron entre los primeros periodistas en sacar a luz estos fenómenos. Pero desde largo tiempo atrás existían señales de que las cosas iban mal. En 2007, siete años después de la legalización de los prostíbulos y la institucionalización del trabajo sexual, el Ministerio de Justicia publicó una evaluación que constataba que "no ha habido ninguna mejora significativa" en la protección de las prostitutas, y que su salud física y mental había empeorado. Un síntoma: el aumento del uso de tranquilizantes entre ellas. Al año siguiente la policía holandesa publicó el informe "Manteniendo las apariencias", donde se calculaba que entre 50 y 90 por ciento de las mujeres que trabajaban en los prostíbulos legales lo hacían involuntariamente. Otro informe gubernamental, de 2010, constató que sólo 17 por ciento de los anuncios de oferta sexual en los diarios provenían de prostíbulos legales sobre los cuales el gobierno tiene algún tipo de control. Desde febrero pasado el parlamento holandés está discutiendo modificaciones a la ley para frenar la trata de personas. Cumplidos 13 años de experiencia legalizadora, todos los partidos políticos están de acuerdo en que la trata de personas para la explotación sexual es un gran problema nacional. Sin embargo, todavía no se ha logrado ninguna gran reforma. Una mayoría apoya el aumento de la edad mínima para prostituirse (de 18 a 21 años) y exigir que los prostíbulos controlen la identidad de las prostitutas. "Pero hubo una medida muy importante que no se adoptó", explica Perdiep Ramesar: "castigar a los clientes que acuden a prostitutas víctimas de la trata de personas".
 
Para llevar a cabo esta medida se requeriría la introducción de un registro nacional de prostitutas, para saber cuáles no están en situación legal. Pero en Holanda la privacidad es considerada un valor de mayor importancia. La socióloga Evelien Tonkens no entiende cómo estas medidas cambiarían en algo la situación. En 2011 publicó una columna en el diario progresista de Ámsterdam Volkskrant, donde denunciaba el fracaso de la legalización en los Países Bajos. La falta de determinación del parlamento se explica, según Tonkens, por una especificidad de la cultura política nacional: "Los holandeses están obsesionados con la libertad individual y no toman en cuenta otras cosas". Tonkens, que entre 2002 y 2005 fue diputada de la izquierda ecologista, explica que esta obsesión fue una de las razones por las cuales decidió irse de su partido. El "trabajo sexual" se entiende como la expresión de la libertad individual: "una ley que retoma esta idea sería muy difícil de cambiar", estima la catedrática de la Universidad de Ámsterdam. Al mismo tiempo faltan actores políticos que propongan una vía abolicionista. Mientras sean sólo los demócratas cristianos del partido udi quienes la planteen, el modelo sueco seguirá siendo connotado como "puritano". Aunque las voces que lo afirman siguen estando en minoría, el trabajo sexual en los Países Bajos no parece asemejarse a un trabajo normal. De los cientos de mujeres, hombres y menores que Perdiep Ramesar vio prostituirse, "la mayoría no estaban contentos con lo que hacían". "Es un trabajo muy duro y no es sano", remarcó a Brech.
 
 
Brecha, 11-10-2013
 
Última actualización el Domingo, 13 de Octubre de 2013 02:59
 
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