Más sobre el rechazo de Clarín a la nueva Ley de Radiodifusión Imprimir
Jueves, 19 de Marzo de 2009 03:49

Observatorio de Medios de Argentina - APM Agencia Periodística del Mercosur

Desde que el Gobierno argentino anunció la presentación de la “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, el holding y sus aliados sectoriales recrudecieron los ataques e internacionalizaron sus operaciones a través de la SIP. Desinformación, ocultamiento de voces y manipulación para confundir intereses económicos con libertad de prensa son apenas una muestra de la guerra que darán los grandes medios para que nada cambie en el país.

En un artículo anterior del Observatorio de Medios de Argentina (Clarín defiende los privilegios que obtuvo durante la dictadura) sosteníamos que Clarín había abierto sus páginas a voces críticas al proyecto oficial para reformar la Ley de Radiodifusión, a pesar de no haberse conocido aún la iniciativa.

Esto se observó tras la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío del proyecto para su tratamiento parlamentario, considerando el tema como una “deuda histórica de la democracia argentina”.

La tendencia se intensificó desde entonces y amenaza con convertirse en una verdadera guerra de los conglomerados mediáticos para preservar los privilegios obtenidos no sólo durante la dictadura, sino también en los últimos 25 años de democracia, a partir de las sucesivas modificaciones a la norma 22.285.

El 11 de marzo la mayoría de los medios informaron sobre la presentación del anteproyecto el próximo miércoles 18 en el Teatro Argentino de La Plata, en un acto que será encabezado por la mandataria y el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Gabriel Mariotto.

Clarín tituló “Apuran la presentación de la nueva Ley de Radiodifusión”, incluyendo de manera selectiva las “voces de alerta” de la oposición, especialmente las del radicalismo, sin contrastarlas con ninguna voz a favor de la necesidad de una reforma.

Además, relacionó el proyecto con las críticas formuladas por el titular del PJ, Néstor Kirchner, por la cobertura de las elecciones catamarqueñas, en las que apuntó directamente contra el matutino porteño.
“Las recientes declaraciones del ex presidente Néstor Kirchner sobre la prensa en general y sobre Clarín en particular, vuelven a demostrar la indisimulada incomodidad del dirigente con la prensa independiente y su reiterada costumbre de atribuir a factores ajenos a su persona las consecuencias de sus errores y fracasos. (…) Las críticas de Kirchner formaban -y siguen formando- parte de un estilo de conducción y de relación con el resto de la sociedad caracterizado por el intento de negar realidades evidentes y por un tinte autoritario.

Se trata de una posición en conflicto con un sistema basado en la libertad de información y de opinión y en la admisión y procesamiento de puntos de vista e intereses de los diferentes actores sociales”, definió el diario en el editorial de la misma edición.
El título de La Nación fue casi idéntico al de Clarín: “El Gobierno apura la presentación de la ley de radiodifusión” y en el cuerpo de la nota calificó el proyecto como “controvertido” en el marco de “la pelea con los medios”. “No pocos funcionarios oficiales deslizan por lo bajo que el envío del proyecto busca presionar a grupos de medios de comunicación a los que el ex presidente Néstor Kirchner enfrentó desde que se agudizó el conflicto con el campo.

De hecho, el anuncio del anteproyecto se conoció después de que Kirchner, jefe del PJ, lanzó anteayer un ataque al diario Clarín. ‘¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan
nervioso? Tranquilizate, Clarín’, dijo Kirchner durante un acto en Tres de Febrero, enojado por el enfoque que los medios le dieron a su reciente derrota electoral en Catamarca”, sostuvo La Nación para luego deslizar que la aprobación de la ley de radiodifusión buscaría “favorecer el ingreso en medios de nuevos empresarios cercanos a la Casa Rosada”.

En la misma línea se manifestaron los columnistas Joaquín Morales Solá y Pablo Sirvén, quienes trataron de reafirmar la idea sobre el espíritu revanchista de la medida anunciada, adelantando además un eventual fracaso en el Congreso.
Morales Solá lo planteó de la siguiente forma: “Cualquier modificación de esa ley, en síntesis, debería hacerse en un marco consensual con sectores políticos, sociales y empresarios. Kirchner no sabe hacer eso. De todos modos, esos eventuales cambios, o una nueva ley, nunca deberían ser una herramienta de revanchas y amenazas. Es más amenaza que otra cosa: es improbable que salga aprobado del Congreso un proyecto manchado por tales particularidades. ¿Cuántos senadores y diputados lo seguirían a Kirchner, en las actuales condiciones políticas, en una cruzada personal contra medios de comunicación?”

Y luego, sentenció: “Amenazar públicamente a medios de comunicación, a empresarios y a entidades agropecuarias, como Kirchner lo ha hecho habitualmente, puede reinstalar el miedo en la Argentina”.
Por su parte, Sirvén aseguró que, “así como se pretende asustar a los ruralistas con el cuco de la posible estatización de la comercialización de granos, cada tanto los Kirchner hacen flamear como mera amenaza la posibilidad de cambiar la ley de radiodifusión”, pero “la verdad es que hasta el momento parece pura bravata: no hay anteproyecto oficial que se conozca”.

“El ex presidente tira dardos, pero en los hechos es el que más hizo por consagrar el statu quo de los medios audiovisuales privados cuando les regaló graciosamente, en 2005, diez años más de licencias a los actuales permisionarios de radio y TV”, agregó el columnista, para quien “ni una ley de radiodifusión ni ninguna otra legislación servirá para nada si es sólo producto de venganzas e inquinas, apuros interesados y
resentimientos que saltan a la vista”.

La Nación volvió a insistir con estos ejes luego del anuncio sobre el adelantamiento de las elecciones legislativas nacionales para el 28 de junio. Mariano Obrrio, por ejemplo, descartó la aprobación parlamentaria del proyecto de ley de radiodifusión en plena campaña electoral e incluso dejó abierto su tratamiento al resultado de los comicios legislativos.

“En el imaginario conspirativo de los Kirchner, los grandes grupos de medios son enemigos equiparables al campo y al vicepresidente Julio Cobos”, afirmó Obarrio en la edición del 15 de marzo.
Mientras tanto, Clarín siguió dando vueltas sobre las voces críticas del radicalismo (Gerardo Morales - Silvana Giúdici), sumando en esta postura a otros actores de la oposición, como Margarita Stolbizer (Coalición Cívica) y Federico Pinedo (PRO), y a ex funcionarios, como Julio Bárbaro (ex titular del Comfer).

Ambos diarios también incluyeron en su discusión unilateral a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una asociación con sede en Miami que nuclea a grandes propietarios de medios de comunicación del continente en la defensa de sus intereses oligopólicos, de la cual forman parte Clarín y La Nación.

A lo largo de sus 67 años de vida, la SIP ha utilizado la libertad de prensa como instrumento de desestabilización contra toda manifestación o tendencia contrahegemónica en América Latina. Son conocidas sus históricas vinculaciones con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a partir de documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos y varias investigaciones, que dan cuenta de las campañas coordinadas de desinformación que se ejecutaron contra diversos gobiernos latinoamericanos de carácter progresista, desde el de Jacobo Arbenz (Guatemala, 1951-1954) en adelante.

La misma bandera flamea ahora contra un proyecto de ley que puede afectar los intereses de sus socios argentinos.
“Ante el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de modificar la ley de radiodifusión y el clima de confrontación del Gobierno con los medios de comunicación en la Argentina, los titulares de la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, Elisa Carrió y Gerardo Morales respectivamente, junto a otros legisladores que integran las comisiones de Libertad de Expresión de ambas cámaras solicitaron la intervención de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para evaluar la libertad de prensa en el país”, informó Clarín el pasado 14 de marzo, al igual que lo hizo La Nación en la edición de la misma fecha.

Pero el pedido no hizo más que centralizar la atención en el encuentro de la organización patronal interamericana que se desarrollaba en Asunción, Paraguay, porque allí se presentó, en efecto, un nuevo informe de la Comisión de Libertad de Prensa con cuestionamientos y advertencias sobre Argentina, Venezuela y Cuba, blancos recurrentes de la SIP.

El documento, dado a conocer por Clarín y La Nación el día 15 de marzo, afirma que los medios argentinos siguen "padeciendo toda clase de agravios y descalificaciones que dificultan el ejercicio del periodismo" y luego dedica algunas líneas para criticar la reforma de la Ley de Radiodifusión.
"El proyecto del gobierno es hasta ahora desconocido pero nadie espera que en estos momentos de crisis, no solo económica sino sobre todo de confianza que es necesario generar en todos los sectores, la iniciativa oficial no sólo profundizaría la confrontación con los medios sino aumentaría los controles y también el manejo de los mismos", subraya el informe de la SIP.

El tratamiento de los dos principales diarios argentinos, previo a la presentación del anteproyecto de la llamada “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, demuestra que a estos medios concentrados no les interesa debatir el contenido de la nueva norma, sino entrar de lleno en una puja de poder que garantice la continuidad de un status quo que les facilita cuantiosos beneficios.
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