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Para la diputada de oposición del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz, los derechos de las personas del mismo sexo nunca podrían ser objeto de referendo.

Eso sería violar la constitución, ya que las mayorías votarían en asuntos de minorías, violando claramente los derechos humanos de esas personas.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) había admitido una iniciativa de cuatro abogados, respaldada por 150.000 firmas, 20.000 más de las exigidas legalmente, para demandar que fuera la voluntad popular y no el Poder Legislativo quien acordará si se permitían las uniones civiles de gays y lesbianas. La fecha se había fijado el 5 de diciembre para realizar la consulta.

Satisfacción de grupos defensores de derechos humanos
En lo personal la diputada Muñoz celebró esta decisión histórica de la Sala Constitucional frente a este tema. El entusiasmo también se apoderó de los grupos que defienden los derechos humanos. Tal es el caso de Enrique Sánchez, miembro de la organización costarricense Ciudadanía por los Derechos Humanos:

“Recibimos con mucho optimismo esta resolución de la Sala Constitucional, nos llena de energía para continuar con un proceso que no termina con esta resolución. Esta sentencia nos da la razón en el sentido de que este país tiene derecho a avanzar en materia de reconocimiento de los derechos de las personas gay y lesbianas. El Tribunal Supremo de Elecciones había permitido acciones discriminatorias con la autorización del referendo”, comentó.

Oposición de la presidenta
Sin embargo, ahora queda una difícil batalla en el Congreso, ya que el partido oficialista Liberación Nacional podría seguir la línea de la presidenta Laura Chinchilla, quien se opone a la aprobación de un proyecto que otorgue esos derechos a las parejas del mismo sexo. Y así lo dejó claro en el plenario legislativo el diputado Justo Orozco, quien representa a las iglesias evangélicas, y confía que la presidenta mantenga su promesa de rechazar cualquier proyecto que otorgue el derecho a que parejas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio.

Dos proyectos
Sánchez, de Ciudadanía por los Derechos Humanos, explicó que ahora estudiarán las dos opciones que quedan en la Asamblea Legislativa. Uno es el proyecto de uniones de personas del mismo sexo, el cual iba a someterse a consulta y regresa al Congreso, y el otro de sociedades de convivencia.

“Estos proyectos contienen algunos derechos básicos, como la posibilidad de herencia, la posibilidad de seguridad social, la de visitar a la pareja en caso de enfermedad en el hospital. Decidir sobre las condiciones de salud de la pareja en caso de una enfermedad terminal o un caso donde esa persona ya no pueda decidir sobre un tratamiento, etc. La posibilidad de visitar a su pareja, en caso de privación de libertad. Ese tipo de derechos ya existen en la legislación costarricense, pero son negados a las parejas gay. Ninguno de los dos incluye nada relacionado con el matrimonio ni con la adopción. No exige por ejemplo en el tema del matrimonio, que ninguna congregación religiosa se vea obligada a aceptarlo dentro de sus prácticas comunes y tampoco incluye el tema de la adopción”, aclaró.

No a referéndum sobre derechos humanos
Para la diputada del PAC, los magistrados de la Corte de Justicia hicieron una lectura adecuada de la realidad, ya que había, según ella, manifestaciones de mucha violencia verbal y homofobia, y un posible referendo podría provocar una mayor intimidación de parte de los grupos conservadores de la sociedad costarricense.

Enfatizó Muñoz que este tema de derechos humanos nunca podía ser objeto de un referéndum. Concluye que el Tribunal Supremo de Elecciones se equivocó dando curso a la petición de un grupo de ciudadanos que propició la llamada a una consulta popular. “Cito de ejemplo la Costa Rica del siglo pasado, dominada por hombres blancos ricos, en un momento en que ni las mujeres ni los hombres afrodescendientes tenían derecho al voto. Si hubiéramos utilizado este mecanismo del referéndum para hacer una consulta, está muy claro cual hubiera sido el resultado. Esa mayoría adinerada se habría impuesto al voto de las mujeres, así que es la misma situación.
Justamente había una absoluta indefensión y creo que el fallo es histórico, expresa una gran madurez de quienes tuvieron en sus manos esa decisión”, manifestó la diputada.

Los dirigentes que recogieron las firmas para el referendo, no quisieron hacer comentarios. Jorge Fisher aclaró que en este momento no se podía referir al caso, porque como abogado no conoce la resolución en su totalidad, y la misma posición adoptó Gustavo Edwards.

Por el momento, la decisión de reconocer legalmente la unión de parejas del mismo sexo en Costa Rica se traslada a la Asamblea Legislativa, ante el fallo de la Sala Constitucional.