Raúl Eugenio Zaffaroni “El problema del aborto no se soluciona con el Código Penal” Imprimir
Lunes, 05 de Octubre de 2009 00:05

Adrián Murano/ Revista Veintitrés / Rimaweb

En una entrevista exclusiva habla de todo. Tras el fallo histórico sobre el consumo de marihuana, el juez de la Corte Suprema abre el debate sobre otro tema tabú de la Argentina. Y opina sobre más cuestiones de la agenda caliente: la nueva Ley de Medios, la corrupción judicial y la criminalización de la protesta social.

Raúl Eugenio Zaffaroni es abogado, docente destacado, jurista de referencia internacional, militante político y juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero no es sólo su frondosa y reconocida trayectoria lo que lo vuelve un personaje relevante: Zaffaroni es, ante todo, un polemista impecable. Filoso, audaz y provocador, el magistrado suele rehuir de la pompa que rodea su cargo para sumergirse en los temas que mortifican al statu quo argentino. Y esta entrevista no será la excepción.

El temario es generoso en palabras incómodas: aborto, pobreza, protesta social, drogas, corrupción judicial. Pero a diferencia de sus antecesores, Zaffaroni enumera los desafíos del Estado más como parte que como observador. Porque como él mismo advierte: “Cuando hablamos de justicia hablamos de eliminar límites de inequidad que son inaceptables en la sociedad. Por supuesto que esto corresponde en gran parte al poder político partidista, pero también nosotros somos poder político, desde el momento en que somos parte de un gobierno y ejercemos poder”.

–¿Qué tipo de poder?

–Eso depende. En la globalización, el ámbito de discrecionalidad que tienen los gobiernos es muy reducido. Casi se van convirtiendo en gerentes y más que una conducción política hay un gerenciamiento. Y esto les reduce las posibilidades de reformas estructurales para resolver problemas sociales. Desgraciadamente esto trae aparejado que los problemas sociales se quieran judicializar. Pero trasladarlos al Poder Judicial trae como resultado que no los podamos resolver, porque no tenemos competencia ni poder para resolver problemas de carácter social, y tratar de hacerlo nos acarrea un enorme desprestigio. De modo que tenemos que defendernos controlando el narcisismo de creer que podemos resolver todo, aclarando que no tenemos poder ilimitado y devolviendo la pelota que no nos corresponde.

–Sin embargo esta Corte ha avanzado sobre temas de impacto social.

–Sí, es cierto, pero podemos avanzar hasta cierto punto. Hemos avanzado con los desmontes, con el problema que había con los indios en el Chaco, pero son medidas de carácter urgente. La tarea de fondo es competencia de los otros poderes del Estado.

–¿El aborto es una de esas medidas urgentes que hoy integran la agenda de la Corte?

–Habría que empezar a pensar en qué se hace con el aborto. Es un fenómeno masivo, fenómeno que nadie hace nada por controlar, y la disposición penal no sirve para nada.

–¿Se inclina por despenalizarlo?

–No se puede despenalizar el aborto, es absurdo, no existe legislación en el mundo que despenalice el aborto. No se dice que cualquiera puede abortar después de ocho meses y medio de embarazo. Lo que se discute es si se puede ampliar el ámbito de los abortos impunes, o de los abortos justificados o exculpados, a otras situaciones, algunas otras. Y dentro de determinado período de embarazo.

–Un argumento que suele esgrimirse en contra de este debate es que la Constitución establece la tutela del derecho a la vida desde la concepción.

–Yo participo de la necesidad de que hay que tutelar la vida desde la concepción, en eso estoy de acuerdo. Ahora ¿lo estamos tutelando? ¿Cuántos miles y miles de abortos se realizan? ¿Alguien hace algo por evitarlo? ¿Estamos conformes porque en un pedacito de papel se dice que es delito? ¿O el problema es cómo tutelar el derecho a la vida? Estoy totalmente de acuerdo con que hay que tutelarlo estableciendo medidas de seguridad social para la mujer embarazada, medidas de tutela, medidas de asistencia para los hogares que acuden al aborto porque no pueden tener más hijos, instrucción previa para no tener embarazos no queridos. Y si la mujer quiere hacer un aborto, tratar de aconsejarle, o disuadirla, o darle el apoyo para que pueda llevar adelante el embarazo. Esas son las formas de tutelar. Pero en toda mi vida, y debo tener cerca de treinta años de juez, creo que me alcanzan los dedos para contar los casos de aborto que pasaron por mis manos. Quiere decir que la punición no funciona, que el problema del aborto no se soluciona con el Código Penal. Frente a la estimación de que el aborto alcanza más o menos al 20 por ciento de los nacimientos, evidentemente es necesario tutelar la vida desde la concepción, pero tutelarla en serio, no tener un pedacito de papel que para lo único que sirve es para que no haya más escándalo porque la clase media puede abortar en condiciones de sanidad y las clases más carenciadas abortan con técnicas terroríficas que terminan en asesinatos.

–En el caso del aborto, la aplicación del Código Penal deriva en una forma de discriminación social.

–Es lo que ocurre. Por eso: si la norma penal es ineficaz como tutela, aflojemos la norma penal para darle la tutela por otra vía. Alguien me va a decir: si se vuelve masivo el homicidio, ¿haría lo mismo? Lamentablemente sí: cuando se vuelve masivo el homicidio se llama guerra, y eso termina en un armisticio, no en el Código Penal. Hoy el número de muertos es equivalente al que puede haber en una guerra, si contamos como vida a los fetos. Los fetos no son de papel, hablar de que la tutela viene muy bien porque está en el Código Penal, cuando en treinta años no me pasó ni una docena de casos por la mano, ¿qué clase de tutela es esa? Ninguna. Es una excusa para que el Estado se desentienda totalmente del problema. Total está penalizado. Y yo, como juez, lo tutelo.

–Interpreto que el criterio es similar al que se utilizó en el reciente fallo de la Corte que despenalizó la tenencia de marihuana para consumo personal. Ese fallo incluía un mensaje implícito al Estado: “Acá hay un problema social que no se soluciona con el Código Penal, sino con política estatal”.

–Hágase cargo de lo que es el problema del tráfico de drogas, hágase cargo del problema de salud, no me venga a hacer perder tiempo con causas penales. En ese sentido, puede haber una similitud. Es decir: hay distintos criterios y formas de tutelar. Cuando un fenómeno no se puede controlar hay que reducir el daño. Es la única tutela que se puede implementar, una política de reducción de daños. Sobre todo cuando la intervención penal resulta paradojal. Provoca una estratificación social con riesgo de muerte, pero no salva vidas, no salva la vida de los fetos tampoco, no salva nada.

–El actual Código Penal establece ciertos casos de abortos no punibles. Sin embargo hay jueces que, por convicciones personales, limitan o anulan la aplicación de la norma. Si se mantiene la penalización, ¿no existe el riesgo de que la autorización de los abortos siga quedando sujeta a la interpretación de los jueces?

–Es que hoy el tema no debería estar en manos de los jueces. El Código Penal de 1921 establece algo que, en una regulación futura del aborto, no se podrá ir mucho más allá. El código establece que el aborto es impune cuando genera un riesgo grave para la salud de la madre, de la gestante. No dice para la vida, sino para la salud. Y la salud es física y psíquica, de modo que bien aplicado, y bien precisado, no hace falta ir a preguntarle al juez si puedo o no puedo hacerlo. Si se generó ese peligro serio para la salud física o psíquica de la mujer, el aborto está habilitado. Lo que pasa es que como se han metido los jueces en el medio, los médicos tienen miedo y son los que no actúan.

–¿Qué distancia hay entre la institución Justicia y la justicia social?

–No debería haber ninguna. La justicia social es una pretensión o una aspiración que debe tener toda justicia, porque en definitiva toda justicia es social. Somos parte de la sociedad y resolvemos conflictos sociales.

–En función de eso, ¿cómo evalúa el desempeño de los jueces?

–Es una pregunta un poco amplia...

–Trato de enfocarla: persiste la sospecha –y en varios casos las constancias– de que existen jueces proclives a decidir en función de intereses corporativos, sectoriales y hasta de clase. ¿Es una sensación exagerada?

–Yo no descarto que haya algún grado de corrupción, pero son grados menores. En general en la Justicia argentina no hay corrupción, aunque en toda corporación aparece alguien y eso no se puede descartar. Pero lo que no hay es una corrupción estructural, no hay una cultura de corrupción, y cuando detectamos a alguien es tradición, dentro de la cultura judicial, pasar la información por lo bajo y cuidarse. Y en la medida de lo posible, cuidarlo.

–¿Por qué pasar la información por lo bajo?

–Porque no tenemos pruebas. Hay cosas que suenan por radio pasillo, pero no hay una prueba.

–Suena grave. ¿Mejoraría el rendimiento de los jueces si se mejorara el presupuesto, como reclaman desde la Corte?

–Si no tenemos infraestructura, estamos bastante limitados. En el último proyecto de presupuesto se nos recorta un 35 por ciento de lo pedido. Es un recorte importante, pero se podría resolver si se nos otorga la autarquía financiera, que nosotros podamos manejar nuestros propios fondos, nuestros recursos genuinos, que son los recursos procedentes de intereses de depósitos judiciales y de la actividad judicial. Con eso no le pediríamos nada al presupuesto nacional.

–¿Hoy quién administra esos fondos?

–No los administra nadie, porque para manejarlos necesitamos la firma del jefe de Gabinete. Disponer de la autarquía financiera es clave para la independencia del Poder Judicial. Por otra parte, no le estaríamos pidiendo nada al Estado ni sacando nada a los contribuyentes.

–Ya que menciona a los contribuyentes, los jueces gozan del privilegio de no tributar ganancias. ¿Está de acuerdo con ese beneficio?

–Tenemos que pagar los impuestos que nos corresponden. Pero tendríamos que pagar de la misma forma que pagan los legisladores, los funcionarios. Debería haber una ley del Congreso que nos fije cuáles son los montos imponibles, los rubros imponibles, porque ninguno de ellos paga con el salario de bolsillo, pagan por rubro. En algún momento sugirieron que debíamos ser nosotros quienes fijáramos el corte, pero no vamos a fijar cuánto queremos pagar de impuestos, que nos lo diga otro poder. Pero que se respete el principio de igualdad entre los poderes.

–En los últimos meses se desarrolló una dura discusión pública por la conformación y las tareas del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo observa esa disputa?

–Realmente no hay una disputa, lo que hay es un Consejo que sale de una Constitución sin configuración, que no dice cómo se integra, que dice que administra pero que nosotros gobernamos. Es decir, la Constitución del ’94 dejó una institución indefinida. Ese es el semillero del pleito.

–La Asociación de Magistrados asegura que el Consejo disciplina y condiciona a los jueces. ¿Le consta esa situación?

–No hay ninguna arbitrariedad de esa naturaleza y creo que ninguno de los siete ministros de la Corte estaría dispuesto a ratificar una barbaridad de esa índole. De modo que no existe una amenaza real. Ahora si hay denuncias... yo creo que a lo largo de mi vida tengo un collar de denuncias con varias vueltas. Pero eso no puede ser interpretado como amenaza en tanto el organismo a cargo de evaluar esas denuncias no incurra en ninguna arbitrariedad. Hasta ahora no he visto que el Jurado de Enjuiciamiento haya hecho ninguna arbitrariedad.

–¿Y en la selección de los candidatos a jueces? Hace una semana se denunció la presunta manipulación de exámenes en un concurso.

–Sí, un hecho raro que me llama mucho la atención. Cierta arbitrariedad hay. Habría que perfeccionar el mecanismo, que las pruebas dejen de ser anónimas... De todos modos, que la arbitrariedad se cometa entre tres, cuatro o cinco aspirantes reduce lo que era antes, que la selección se hacía entre 100 mil.

–Como ex convencional constituyente de la ciudad de Buenos Aires, ¿está conforme con el proceso de formación de la policía porteña?

–En la ciudad tenemos derecho a tener nuestra propia policía, como la tiene cualquier provincia. Lo que veo es que no se cumplió con algo que habría que haber hecho unos ocho años antes: la descentralización y la puesta en funcionamiento de las comunas. El temor que tengo es que una policía funcionando sin las comunas rompe el programa constitucional. Porque el programa establecía que las comunas funcionasen como una suerte de municipios urbanos, de pequeño contorno y que reprodujesen el control público natural que se da en el pequeño contorno de provincia. Si eso no existe vamos a tener una policía sin control público. Y eso lo creo peligroso. Para eso, dejemos las cosas como están.