El silencio, la peor opinión Imprimir
Viernes, 18 de Diciembre de 2009 03:58

La Arena

La sociedad argentina, acompañando un movimiento mundial, ha iniciado el camino de la conquista de un derecho elemental: el derecho a disponer del propio cuerpo. Crecemos en el convencimiento de que gozamos de este derecho, pero en algún momento de nuestra maduración como ciudadanos caemos en la cuenta de que es un derecho negado por el Estado.

Esa negación persiste porque persiste la aplicación de una doctrina cuyo origen está más emparentada con la religión y la visión del cuerpo como un "don divino" que con una visión humanista del derecho personal. Esa corriente deísta, que ve en el cuerpo una creación divina, traslada al Estado la tutela de esa creación. Pero cada vez más se hacen lugar en la consciencia de la ciudadanía las corrientes que reivindican al cuerpo como el ámbito de las acciones privadas protegidas por la Constitución Nacional y, por lo tanto, fuera del alcance de la tutela estatal.
Aunque una ingenua y errada certeza hace decir a quien se le pregunta que el cuerpo es de cada quien, a poco que se lo contraste con la legislación esa afirmación queda sin sustento. La amenaza del Estado por apropiarse del cuerpo de las personas está en la base de la dominación estatal. Todo el tiempo opera esa amenaza sobre los ciudadanos como disciplinaria y es el temor a la cárcel la que realiza como ninguna esa amenaza que tiene al cuerpo de las personas como rehén del Estado.

También cuando le prohíbe consumir sustancias o cuando no deja que se practiquen operaciones de extirpación celular o embrionar, (práctica tipificada penalmente en la legislación que defiende esa tutela estatal como "aborto", esto es, nombrando el hecho no en lo que es sino en lo que puede llegar a ser de acuerdo a lo que la ideología del Estado determina. No es una operación sobre el propio cuerpo, es la destrucción de algo que puede llegar a ser un cuerpo nuevo, que, por esta doctrina, no pertenece a la persona sino a Dios y por delegación al Estado).

Los avances en la materia son notorios. La Corte Suprema ha sentado la doctrina de que consumir sustancias no es delito, esto es, que el propio cuerpo es un lugar al que no puede llegar la mano del Estado. Aparecen en la legislación alternativas reparadoras del daño como la probation, antes que la pena de prisión derivando hacia el trabajo reparador antes que a la inmovilización y disposición estatal del cuerpo en una prisión.

Pero en la cuestión del aborto, la resistencia de la justicia para responder a un estado de conciencia social que exige su revisión, hace penoso el avance. Allí se hacen sentir con toda la fuerza que la religión dominante es capaz aún de influir sobre el ánimo de quienes tienen en sus manos la suerte del avance.

Los pampeanos hemos visto esa ideología fanática que campea en los gobernantes y en los magistrados que han llegado a prohibir aquí hasta los llamados "abortos no punibles" frustrado un protocolo de práctica médica que se intentaba legislar.

El STJ, llamado a opinar, omitió hacerlo alegando una disparatada consideración sobre la falta de legitimidad de un partido político para ser actor de la presentación por discriminación que se elevó a los tribunales. Su objetivo no pudo ser disimulado de manera tan burdamente oblicua. Quienes así se abstuvieron de opinar, en realidad, lo hicieron de la peor forma, por el silencio.