Paola Alé / Diario El Sol
La periodista de Página/12 pasó por Mendoza y habló sobre despenalizar esta práctica. Se refirió a los costos sociales de no debatir sobre una problemática que afecta a medio millón de argentinas cada año.

"Las nadies: las hijas de nadie, las dueñas de nada. Las nadies: las ningunas, las ninguneadas, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidas, rejodidas: las nadies. Las que no son, aunque sean. Las que cuestan menos que la bala que las mata". Una pequeña libertad sobre el texto original del uruguayo Eduardo Galeano sirve para poner en debate el tema del aborto. Tal y como la periodista de Página/12 Mariana Carbajal lo hace en su tarea diaria. Como licenciada en periodismo, como una de las pocas cronistas argentinas que escribe con perspectiva de género y como mujer comprometida con la realidad de otras mujeres, Mariana se pone en la piel de las ninguneadas.

Las que cuestan menos que la bala que las mata. Las pobres, las niñas abusadas, las 500.000 argentinas que recurren año a año a un aborto ilegal realizado en condiciones poco seguras. Mariana les presta su voz y escribe con su letra para lograr que la realidad cambie y la ley las proteja. Para conseguir que ni una mujer más muera en el país por esta causa. A tu criterio, ¿cuáles serían los argumentos para plantear el tema de la despenalización del aborto en Argentina?

Acá lo importante es decir que el aborto es una práctica a la cual las mujeres recurren normalmente frente a un embarazo no deseado. Son mujeres ricas, pobres, mujeres católicas, musulmanas, judías, que no tienen ninguna religión, de todos los sectores sociales. Se estima con metodología científica que hay entre 350.000 y 500.000 abortos al año en Argentina. ¿Cómo ves que se cubren los casos de aborto en los medios provinciales?

No hago particularmente un seguimiento, pero sí cuando surgen casos de aborto no punible. Miro lo que publican los diarios de cada lugar, qué fotos ponen, a qué fuentes consultan. Muchas veces, estos casos aparecen publicados en policiales, cuando en verdad son temas de sociedad y de salud. Sobre todo cuando son casos graves en los que la mujer sufre lesiones o muere, aparece un sueltito en policiales, donde se enfatiza más quién hizo el aborto, qué juez está interviniendo y punto.

Además de las mujeres que mueren, muchas resultan con graves lesiones.
Es alarmante la cantidad de mujeres que cada año ingresan a los hospitales como resultado de complicaciones producidas por un aborto. Se calcula que por cada interrupción quirúrgica del embarazo que necesita atención hay siete que no la necesitaron, porque fueron realizadas en una clínica, en forma segura, o bien la mujer se lo realizó con algún fármaco con el que no necesito atención. Igual, esto es sólo la punta de un iceberg que no vemos, simplemente porque la interrupción del embarazo es una práctica ilegal y, por ende, no se puede medir.¿Qué estrato social es el más afectado, según tus investigaciones?

El problema más grave son las mujeres de los sectores más pobres, que acceden a métodos inseguros o ellas se los autorrealizan. Por esto es una situación de tamaña inequidad, porque las mujeres de los sectores medios podemos recurrir a métodos seguros. Esta realidad es la que no se puede seguir tapando. Por eso, el Congreso de la Nación tiene que tratar el tema. Sobre la legislación, ¿cuántos proyectos de despenalización existen y en qué estado se encuentran?

Hay dos proyectos, uno presentó Nuevo Encuentro y el otro fue presentado por la Campaña para el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Este tiene más de cuarenta firmas de todo el arco político, de diputadas y diputados de la Nación. Hasta hay una diputada del Pro que lo firmó. Establece la interrupción del embarazo dentro de las doce primeras semanas de gestación, en determinadas circunstancias: cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer, cuando es producto de una violación o hay una malformación grave. Este proyecto y el de Nuevo Encuentro están en la Cámara de Diputados, y esperamos que haya voluntad política para tratarlos este año. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se presentaron?

Se presentaron este año, en marzo. El de la Campaña se presentó en el 2008. Perdió estado parlamentario y se volvió a presentar este año. Creo que es un momento político oportuno para dar esta discusión.¿Por qué pensás que lo es?

Porque se están dando otros debates pendientes en términos de avances en la sociedad, como en el caso del matrimonio igualitario. Es una oportunidad política para el Congreso abrir este debate. ¿Cuáles te parecen que son las consecuencias sociales de no tratar estos temas?.

El aborto inseguro es la principal causa de mortalidad materna en Argentina desde hace más de 20 años. Argentina no va a poder cumplir con los objetivos del milenio en lo que hace a mortalidad materna si no despenaliza el aborto. El compromiso es para el 2015. Esto ya lo han dicho especialistas en la materia. El aborto no es sólo un tema de salud pública, además, es una cuestión de derechos humanos, del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Qué antecedentes existen sobre esta legislación, haciendo hincapié en los países de Latinoamérica?

La mayoría de los países desarrollados tienen legislación que permite el aborto en las primeras semanas de gestación. En Latinoamérica, el aborto está despenalizado en el Distrito Federal de México desde el 2007, Colombia amplió su legislación desde el 2006, Uruguay lo aprobó en el 2008, pero fue vetado por el ex presidente Tabaré Vázquez. España estableció hace poco el derecho al aborto en las primeras semanas de gestación, y la nueva ley rige desde julio. Hay que decir que los países con más muertes maternas son aquellos en los que el aborto está penalizado. En Latinoamérica, la Iglesia católica es una voz fuerte en oposición a este derecho. ¿Creés que la voluntad política es la de no tratar el tema?

La Iglesia se opone a este tema, como a otros que tienen que ver con los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Esta esquizofrenia en cuanto al uso de anticonceptivos o a la posibilidad de que se dicte educación sexual integral en las escuelas. En verdad, lo ideal sería que no hubiesen embarazos no deseados, y para eso es importante que haya otras políticas públicas, como conserjería en anticoncepción para toda la población en edad reproductiva, educación sexual en las escuelas públicas y privadas, confesionales y no confesionales, tal y como lo indica una ley vigente desde el 2006. Estos son los sectores fundamentalistas de la Iglesia católica, porque hay otros sectores que no lo son, como el grupo de Católicas por el Derecho a Decidir, que tiene su base en Córdoba. Estas mujeres están a favor de la despenalización del aborto. ¿Te referís a algún grupo católico en especial?

Me refiero a los fundamentalistas religiosos, los que no quieren que las mujeres tengamos derechos sexuales y reproductivos, los que han quedado anclados en un discurso del Medioevo. ¿Creés que hay una logística pensada por estos grupos, una estrategia armada para impedir a las mujeres que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos?

Por supuesto que la hay, en Mendoza se puso en evidencia con el caso Claudia. Aquí estamos hablando de abortos legales, previstos en Argentina desde 1921 por el artículo 86 del Código Penal. Pero el debate que se debe la sociedad argentina es el de ampliar esa legislación, para que la mujer tenga derecho a interrumpir el embarazo dentro de las 12 primeras semanas de gestación. ¿Estos métodos se repiten?

Los grupos conservadores han actuado de igual manera en todos los países de Latinoamérica, han presentado denuncias para obstruir el acceso a los métodos anticonceptivos. Al menos hay ocho demandas en este sentido. Estos grupos se definen como "provida", y yo los defino como "antiderechos". Se han mostrado sistemáticamente en contra del acceso a la anticoncepción hormonal de emergencia, con argumentos pseudocientíficos, porque sostienen que es abortiva, al igual que el dispositivo intrauterino, cuando no hay indicios científicos que lo puedan probar.

Durante el gobierno de Carlos Menem, cuando el oficialismo tenía mayoría automática en la Corte, se prohibió la anticoncepción hormonal de emergencia, pero fue un fallido, porque la prohibición se refería a una fórmula que ya no estaba en el mercado. En Perú, mediante un fallo de la Corte, se prohibió la distribución gratuita de la anticoncepción de emergencia, ante la duda de que pudiera ser abortiva. Digo "ante la duda", porque no hay argumentos científicos que lo prueben. Es decir que, si tenés plata, la podés comprar, pero los sectores más desfavorecidos quedan fuera de esto. Al parecer, se basan en una interpretación restrictiva del concepto de salud.

Los sectores conservadores toman un concepto de salud, para interpretar el artículo 86 del Código Penal, absolutamente arcaico, como "ausencia de enfermedad". En realidad, la OMS dice que debe tenerse en cuenta un concepto amplio, integral, salud mental, física y social. Ante un embarazo no deseado o forzado, la salud de la mujer está en juego. El hecho de tener que cambiar su proyecto de vida, más si es una niña, si la gestación es producto de un abuso sexual, pone en juego su estabilidad social y psíquica. Estos conceptos también deben tenerse en cuenta para interpretar "riesgos para la salud" de la mujer. ¿Qué es, a tu criterio, lo que estos sectores defienden?

La estrategia de los sectores conservadores -porque América latina es el último bastión que tiene la Iglesia católica en el mundo- se refleja en esta batalla que están dando sobre el cuerpo de las mujeres. Tiene que ver con esta cuestión de sostener que las mujeres se conviertan en incubadoras y con obligarlas a llevar a término la gestación para después dar al hijo en adopción, con lo que esto significa para ellas. En los casos en los que han sido víctimas de violación, es equiparable a la tortura. No lo digo yo, lo dicen especialistas en materia de derechos humanos.Una de las estrategias de los grupos confesionales fundamentalistas ha sido siempre la de demorar el tiempo para que la interrupción del embarazo sea imposible.

Este tema es central, porque en la gestación, el tiempo es un factor muy delicado. A medida que avanza el embarazo, la posibilidad de interrumpirlo se complica. Por eso, poner trabas arbitrarias son los modelos que se han ido repitiendo, desde el caso LMR, en el 2006 en la provincia de Buenos Aires, hasta este último en El Bolsón, donde una niña de 15 años fue violada. Cuando en el hospital de esta ciudad le comunicaron que no iban a realizarle el aborto porque consideraron que no correspondía, el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro le pregunta al juez que investigaba la violación, especialista en derechos humanos, Martín Losada, si es un aborto no punible.

El juez comunica que no le corresponde a él decirlo, porque es un juez Penal, pero para evitar que esta niña siga dando vueltas por los pasillos de tribunales, confirma que así es. El aborto se realiza a los tres días. Todo no terminó acá. Los sectores reaccionarios de la Iglesia católica, que nunca descansan, ni así se dieron por vencidos. Una defensora oficial realizó una apelación a la Cámara del Crimen, pretendiendo anular este fallo y, aunque el fallo devenía en abstracto, porque el aborto ya se había hecho, con lo cual no había nada que discutir, dieron un fallo ejemplificador, para que ningún juez se atreviera nunca más a tomar una decisión de estas características. En este ejemplo aparece muy claro el peligro de volver confesional una gestión estatal o un fallo judicial.

No hay que mezclar religión con lo que es política pública, no se puede legislar desde una creencia religiosa. Esto es lo que hay que separar. Más en salud y en educación.¿Para esto serviría, entonces, un protocolo de aborto no punible?

Los protocolos son necesarios para dar seguridad a los médicos. Es aceptable que un médico sea objetor de conciencia, el que no puede objetar conciencia es el sistema de salud pública, el servicio de ginecología y obstetricia de un hospital público no puede no brindar atención en un caso de aborto no punible. El Estado, el ámbito sanitario, tiene que darle seguridad a los médicos. Para esto hay guías, hay una guía a nivel nacional, hay un compromiso del Estado nacional de convertirla en resolución ministerial. Esperemos que sea pronto, y la provincia de Mendoza podría incorporarla. ¿Creés que sirva entonces echar luz sobre el problema?

Es importante favorecer espacios de discusión. Hacer visibles estos temas, que existan diputados y diputadas predispuestos a que se debata en un sitio tan significativo como una Legislatura. Lo importante es sacar este debate del silencio. El tema del aborto es un tema tabú, lamentablemente. Es incómodo de tratar. Pero es necesario hacerlo, para que ni una mujer más muera en Argentina por esta causa.

PERFIL
Licenciada en Periodismo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Escribe desde 1991 en el diario Página/12. También colabora en publicaciones académicas como la revista mexicana Debate feminista.
Recibió el premio Dignidad, otorgado por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. En el 2009 vio la luz su libro El aborto en debate, editado por Paidós.
Costos de no despenalizar. Según sostiene la periodista Mariana Carbajal, Argentina no podrá cumplir con los objetivos a los que se comprometió con la OMS si no despenaliza el aborto.
La fecha clave para esto es el 2015.