Alfredo Zurita, médico; Raúl Gleim, pastor; Marcelo Salgado, coordinador ISEPCI y otros/Datachaco

Como varones y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y trabajando en la promoción del pleno ejercicio de los derechos humanos, nos aproximamos desde esa perspectiva para reflexionar y compartir pensamientos y acciones con todas y todos los ciudadanos de nuestra provincia. 

Que se legalice el aborto, no implica que todas las mujeres vayan a abortar, la legalización permitiría que aquella mujer que necesite interrumpir su embarazo pueda hacerlo en condiciones de salud seguras, esta decisión sería tomada por la mujer en base a sus derechos y sus convicciones religiosas. Así opinan Alfredo Zurita, médico de la UNNE, Raúl Gleim, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, Marcelo Salgado, coordinador ISEPCI, entre otros.

Como varones y ciudadanos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y trabajando en la promoción del pleno ejercicio de los derechos humanos, nos aproximamos desde esa perspectiva para reflexionar y compartir pensamientos y acciones con todas y todos los ciudadanos de nuestra provincia. 

Asumimos que el cuerpo de todas las personas es el primer espacio en el cual esos derechos se ejercen y consideramos a la persona en su dimensión física e intelectual como una unidad indivisible y toda ella, en su diversidad, plena de dignidad y respeto.
En esa perspectiva de derechos humanos y garantías es que reconocemos la diversidad de posiciones existente y la tomamos en serio y por ello queremos dialogar y debatir para construir una sociedad más equitativa. 

El tema de la legalización del aborto evoca convicciones fuertes y variadas que comprende el área de la responsabilidad social, la inequidad de género que afecta gravemente a las mujeres, la situación económica, las estadísticas que nos muestran que la prohibición del aborto continua provocando muerte y desolación. 

Esta situación nos llama a buscar, construir y proponer nuevos caminos que ponga fin a tal mortalidad relacionada con abortos realizados en la clandestinidad y que coloca a las ciudadanas de nuestra provincia en situación de vulnerabilidad. 

Hay un discurso muy fuerte desde distintos sectores, que intentan reducir el debate sobre el aborto a una cuestión religiosa, a un delito o a un capricho del “feminismo”. 

Las mujeres, niñas y jóvenes que llegan a optar por interrumpir voluntariamente un embarazo, pueden ser nuestra hija, nuestra hermana, nuestra madre, nuestra novia, nuestra amiga, nuestra compañera de trabajo, de estudio o nuestra vecina.
Entre otros factores, muchas mujeres, llegan a tomar esta decisión porque es un embarazo no deseado, por falta de educación e información, por no acceder a anticonceptivos o porque fueron víctima de algún abuso. 

Sea cual fuera, todas ellas tienen que interrumpir su embarazo clandestinamente, las que tienen dinero lo hacen en condiciones sanitarias adecuadas, las que no tienen el dinero, lo hacen expuestas a condiciones que las llevan a engrosar las listas de miles de mujeres hospitalizadas o es una de las 100 mujeres que mueren por año en nuestro país, por un aborto clandestino mal practicado. 

Entendemos que el problema no es religioso, la mayoría de las 500.000 mujeres que se practican un aborto, son católicas, evangélicas, judías o profesan algún credo, también lo fueron aquellas que murieron por esta causa. 

Que se legalice el aborto, no implica que todas las mujeres vayan a abortar, la legalización permitiría que aquella mujer que necesite interrumpir su embarazo pueda hacerlo en condiciones de salud seguras, esta decisión sería tomada por la mujer en base a sus derechos y sus convicciones religiosas. 

La mayoría de las mujeres que tienen que tomar una decisión de este tipo, no lo hace con liviandad o por gusto, es un dilema ético y psíquico y que la marca profundamente; la penalización del aborto solo la empuja hacia más clandestinidad y la expone a realizarlo en condiciones inadecuadas, con riesgos de complicaciones, incluyendo la muerte.
La justicia y la protección de sus derechos no llegan nunca para ellas. La ilegalidad también refuerza la condena social, la culpa y la estigmatización. Son las mujeres más pobres quienes tienen que cargar con todo esto. 

Uno de los principales obstáculos en nuestro país para avanzar a la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es el poder económico de un negocio ilegal organizado que mueve muchos millones de pesos por año en nuestro país. 

Como varones reconocemos que la realidad del embarazo y del aborto es un tema eminentemente complejo y que compete a la libertad tanto ciudadana como religiosa y de profundo respeto a la libertad de conciencia como espacio sagrado. 

La penalización del aborto, hace que los derechos a la libertad y a la dignidad de las mujeres se encuentren cercenados en nuestro país.
 
Coincidimos con las recomendaciones de Amnistía Internacional y con la decisión de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba La Plata y Comahue que se manifestaron a favor de la despenalización del aborto. 

En función de estas consideraciones como varones planteamos:
Nuestra exigencia para que el Estado garantice y lleve adelante el cumplimiento de la Educación Sexual en las Instituciones Educativas y en aquellas instituciones que lo requieran. 

El libre acceso a Anticonceptivos para todas las personas.
Nuestro apoyo a todas las iniciativas que legalicen el aborto.
Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal seguro y gratuito para no morir.

ALFREDO ZURITA, Medico Cirujano, Especialista en Salud Pública, Docente UNNe
RAÚL GLEIM, Pastor Iglesia Evangélica Luterana Unida
MARCELO SALGADO, Coordinador ISEPCI/Chaco.
MARCELO TISSEMBAUM, Periodista
LUIS ARGAÑARAS, Docente, Dramaturgo y Poeta.
JOSÉ LUIS BRES PALACIOS, Docente y Periodista.
BRUNO MARTÍNEZ, Periodista
BRIAN PELLEGRINI, Periodista
GABRIEL GAMARRA, Presidente de Unidos X la Diversidad. .
SEVERO RANNIS, Médico
RENZO OSUNA, Militante DDHH
JUAN PABLO AGUILAR, Estudiante
DARÍO EDGARDO GÓMEZ, Delegado Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.
HUGO WINGEYER, Docente Universitario, UNNe
CRISTIAN GACZYNSKI, Abogado
RICARDO MAIDANA, Ingeniero y militante LGTB
CESAR ABEL GÓMEZ, Sociólogo, Docente Universitario, UNNe