Manuela Trasobares

Manuela Trasobares propugna un profundo cambio social y económico basado en los valores libertarios, el protagonismo de la clase obrera, el conocimiento y la propiedad colectiva del capital.

El funcionariado, una clase privilegiada.

Si hasta el anuncio del tijeretazo de Zp no se había propuesto abiertamente la huelga general es por que las élites sindicales y políticas representan entre otros el estamento privilegiado de los funcionarios, que no a la clase trabajadora. Ésta se encuentra huérfana de representación en los organismos públicos y será la que pague verdaderamente la crisis, no con un recorte del 5 %, sinó con la miseria. La escasa solidaridad de los funcionarios y su diferenciación como clase ha quedado bien patente.

Mientras la clase trabajadora perdía sus puestos de trabajo, viviendo en una constante incertidumbre, los sindicatos han rehuido tomar medidas de alcance; pero cuando las prebendas del funcionariado se ven mínimamente recortadas amenazan con paralizar el país tratando de obtener el apoyo de los trabajadores. No se puede comparar la situación laboral de los trabajadores con la de los funcionarios y la pretensión de estos de equipararlas es una demagogia. Se trata de dos clases distintas, con intereses en algunos casos opuestos. Los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos ven, en una situación como la actual, amenazada su continuidad laboral y por ende la posibilidad de seguir manteniendo a su familia, mientras que los funcionarios gozan de una seguridad vitalicia. Para recibir atención sanitaria, los trabajadores han de someterse a las colas de la sanidad pública, mientras que los funcionarios pueden escoger entre varias mutuas privadas cuyas primas corren a cargo del estado.¿Acaso pueden equipararse ambas condiciones? Los políticos son un subgrupo dentro del estamento de los funcionarios y sus privilegios son  descarados: pensiones vitalicias al dejar sus cargos, información privilegiada para montar negocios, compatibilidad de la actividad privada y la pública, favores y comisiones de las empresas que licitan obra pública, etc.

Solamente la revolución social podría salvarnos

La vía para superar la crisis pasa por un  adelgazamiento del estado hasta  reducirlo a  la mínima expresión, puesto que cada vez está más claro que solamente sirve para oprimir al pueblo y beneficiar a determinados estamentos que controlan sus resortes. Los cargos públicos deberían quedar  menguados y todo el poder trasladado a asambleas populares. Los representantes deberían hacer compatible su tarea política con su trabajo y no percibir por aquella remuneración alguna, con el fin de que fuera ejercida por verdadera vocación de servicio y no con una finalidad de profesionalización y negocio como sucede ahora. La colectivización del capital productivo, de las tierras de cultivo y de la tecnología son el camino más directo hacia el reparto equitativo de la riqueza y de su puesta a disposición del interés común. Un cambio tan profundo precisa, sin duda, de una revolución social con fines y métodos radicales para ser alcanzado. No debe confundirse con la convocatoria de una huelga para mantener el poder adquisitivo de los funcionarios, ya que ésta es una medida de presión para conservar el status quo de una clase.

Me opongo a los recortes que se ceban en las clases más débiles como los pensionistas y las personas dependientes; pero un recorte del 5% a los funcionarios incluso me parece escaso, puesto que para los de grupo A no es más que la subida que han tenido este año. Evidentemente, son mucho más alarmantes la exención impositiva de las grandes fortunas y las subvenciones que reciben, así como las ayudas a la banca; pero lo más indignante de todo es que siempre el pueblo llano se queda sin una voz que le represente mientras que el resto de estamentos disponen de fuertes lobbys para hacer valer sus privilegios. No son precisamente los funcionarios quienes van a pagar con este recorte la crisis, pues seguirán disfrutando de una renta del trabajo segura. Son los cuatro millones de parados quienes soportarán el peso de la situación: Pero al tratarse de un colectivo escasamente organizado, disperso y sin consciencia de clase, el estado encontrará como manipularle, engañarle o mantenerle inerte con múltiples métodos como los medios de comunicación anestesiantes. Asimismo, es evidente que las condiciones de trabajo de quienes conserven su puesto se verán recrudecidas bajo la amenaza del paro. A políticos y sindicalistas se les llena de boca al pronunciar las palabras trabajadores y trabajadoras, pero no saben realmente de lo que hablan puesto que la mayoría son funcionarios, políticos de carrera o liberados hace muchos años. Se han convertido en representantes de un estamento cuyos intereses no coinciden con el de los trabajadores. Esta es una realidad que tratan de esconder a toda costa, un tabú.

Lacras del cliclo franquista-monárquico

Precisamente uno de los males que aquejan a la sociedad es la escasa iniciativa y creatividad, la ausencia de un espíritu revolucionario y la obsesión de convertirse en funcionario como solución al planteamiento de una carrera profesional. Para erradicar este cáncer considero prioritaria la abolición de la más aberrante de todas las funciones públicas: la monarquía, ejemplo nefasto, destructivo y desalentador de los esfuerzos individuales que precisa el progreso social. El carácter vitalicio del resto de funcionarios y la remuneración de todos los políticos son el segundo tumor que cabe extirpar. El engrosamiento constante del trabajo oficial y la obra pública se han vendido por todos los gobiernos postfraquistas como una señal de progreso y bienestar cuando solamente lo eran para sus beneficiarios directos. La excesiva inversión en infraestructuras inducida por el afán inaugurador de los políticos y el escaso espíritu crítico del electorado ha mermado recursos para otras inversiones tanto o más productivas como centros de enseñanza, laboratorios o tecnología. Todo ello ha conducido a que la educación, la cultura o la investigación quedaran exentas de su valor humano y económico y fueran percibidas como meros caminos hacia un trabajo fijo. Esta perversión de valores es una lacra extendida desde la monarquía, toda la clase política y la función pública. Si parte de la inversión que se ha realizado en engrosar los cuerpos del estado o en pavimentar y repavimentar calles, autovías, carreteras, caminos, puentes, puertos y túneles se hubiera puesto a disposición de la educación, la investigación y la promoción del talento, nos encontraríamos ante una situación distinta, con muchas más armas con que abordar el futuro, mientras que ahora solamente nos queda una: la lucha por derrocar la opresión del estado

La extensa lista de parásitos.

Por debajo de la monarquía, los ex-presidentes de gobierno han ejemplarizado sobradamente la aberración que supone mantener a una clase de representantes que se valen del pueblo para obtener el poder y una vez allí se alían descaradamente con el gran capital. En sus últimas comparecencias públicas, Felipe González se ha desentendido de la política del PSOE, a pesar de estar cobrando un sueldo como ex-presidente y permanecer en el partido. Su desfachatez es desmedida cuando propaga la idea de basar la educación en la capacitación técnica, disminuyendo los contenidos de historia y humanidades. Es exactamente lo que quieren los poderosos: deshumanizar la educación y que la gente ignore las barbaridades históricas que han cometido. Su homólogo JM Aznar se ha lanzado también a una carrera de enriquecimiento personal muy ilustrativa.

Es absurdo el mantenimiento de diputados, senadores, congresistas autonómicos, representantes europeos, altos funcionarios de todas las administraciones, presidentes, vicepresidentes y secretarios de fundaciones, sindicatos, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, altos cargos de ministerios y demás organismos creados para enchufar a los amiguetes y colaboradores políticos. Escandaloso es que un diputado goce de una pensión vitalicia tras dos legislaturas ejerciendo su cargo. Todo este personal no tiene que cobrar un duro. Si quieren trabajar por el interés público que lo hagan por amor y si nó que se queden en su casa que no hacen ninguna puta falta. Dentro de unos meses se hará bien patente que han llevado las finanzas públicas a la bancarrota en su afán por mantener la poltrona.

La única solución es que el pueblo se oponga al capital y al estado pues éstos no harán nada por nosotros más que tratar de hundirnos hasta matarnos. El gran problema que se plantean en este momento las élites capitalistas es el de la superpoblación e históricamente ya han demostrado de los que son capaces para combatirla.

!!VIVA EL ESPÍRITU  GUERRILLERO Y LIBERTARIO!!

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