Al ser consultada por si teme ser expulsada, Elena, una de las integrantes del campamento, mostró su carné de identidad en el que se lee que es de Rumania, país miembro de la Unión Europea (UE), igual que Francia.

Elena y su familia, así como otros romaníes de Francia, corren el riesgo de ser expulsados en cualquier momento.

En el centro de Villeneuve d’Ascq, una comuna pobre de Lille, se puede leer en unos paneles transparentes los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado", reza un cartel. "Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad", dice otro.

Es evidente que en el campamento de gitanos, no muy lejos de allí, se violan esos derechos, considerados fundamentales por la Organización de las Naciones Unidas.

No hay adecuadas instalaciones sanitarias ni agua corriente, niños y niñas orinan en el borde de un estacionamiento vecino.

El riesgo de que el campamento, con sus seis casas rodantes, sea desmantelado es real. Hace unas semanas se usaron topadoras para desmantelar otro asentamiento gitano cercano.

"Tenemos muchos problemas con la policía", señaló Vasir, otro de los residentes. "Vienen muchas veces. No tenemos trabajo ni dinero ni nada", añadió.

Los esfuerzos de las autoridades francesas para expulsar a los romaníes se concentraron en la septentrional ciudad de Lille y sus alrededores.

El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, acusó a los extranjeros de delincuentes en un discurso realizado en julio. También dijo que no se "tolerarían" los campamentos de gitanos.

La primera operación policial contra los romaníes tras el discurso del jefe de Estado fue en la comuna de Lesquin, cerca de Lille. Cuarenta y ocho personas y 14 casas rodantes fueron "evacuadas", según la retórica oficial. Fue la primera medida que siguió con la expulsión de 1.000 gitanos en agosto.

Nueve adultos y 12 menores fueron sacados de sus casas rodantes en la última semana de agosto, según las autoridades, por ocupar propiedad privada.

La medida generó reacciones en la justicia y la sociedad civil.

Un tribunal de Lille emitió dos fallos contra el argumento de que los campamentos romaníes son una amenaza al orden público.

Hubo protestas en esta ciudad contra la política de Sarkozy hacia los romaníes y la reforma de la seguridad social. Es una vergüenza para Francia, según los manifestantes.

La difícil situación de los 1.200 romaníes de Lille y sus alrededores también es motivo de disputas entre los partidos políticos.

Después de las críticas contra la expulsión de gitanos de la primera secretaria del opositor Partido Socialista, Martine Aubry, los aliados centroderechistas del presidente la acusaron de mantener un doble discurso porque como alcaldesa de esta ciudad propuso a principios de este verano boreal desmantelar los campamentos.

Una norma de la UE de 2004 prohíbe las deportaciones colectivas de un país del bloque a otro. Pero las autoridades de la Comisión Europea, con sede en Bruselas, son reacias a tomar medidas contra Francia.

El presidente del órgano ejecutivo de la UE, José Manuel Barroso, no realizó ningún comentario sobre el asunto en su primer discurso dedicado a la situación del bloque el 7 de este mes.

Barroso se mostró reticente pese a que el trato dispensado a los romaníes fue discutido ampliamente entre Francia y la Comisión Europea en las semanas anteriores.

La comisaria de justicia de la UE, Viviane Reding, tampoco quiso hacer declaraciones públicas respecto de que Francia infringió una norma del bloque, pese a que los informes internos preparados por su oficina así lo sugieren.

Uno de los documentos sostiene que las deportaciones no fueron voluntarias, como alegan las autoridades francesas. También señala que indemnizar a los deportados con pequeñas sumas de dinero no basta para sostener que Francia respetó la legislación de la UE sobre la libre circulación de personas.

El Parlamento Europeo, el único órgano elegido por votación popular, estaba de receso en agosto, y no se expresó sobre las deportaciones. La asamblea aprobó una resolución contra la política francesa cuando reanudó las sesiones la semana pasada.

El texto de la resolución, aprobada por 337 miembros y rechazada por 245, rechaza "toda declaración que relacione minorías e inmigración con criminalidad y cree estereotipos discriminatorios".